Domingo 25 de
septiembre de 2016
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| Coronel Cayetano Fiorini, ciego, es asistido para poder caminar durante las audiencias |
Cayetano
Fiorini, con sus 86 años a cuestas, ciego, sin un riñón, aquejado por un cáncer
terminal y con plan quirúrgico coronario, murió el lunes último, luego
de cuatro años de prisión preventiva avalada por tres jueces recusados por falta de imparcialidad. Su abogado
solicitó que se llevara a cabo una junta médica antes del inicio del juicio
denominado Megacausa III, que comenzó el 22 de agosto pasado en Santiago del
Estero contra 12 ex militares y policías y dos ex jueces acusados por presuntos
delitos de lesa humanidad. Denunció que
su defendido no podía afrontar las tensiones derivadas del proceso al que
estaba sometido. La junta médica nunca se
realizó y Fiorini, en el posoperatorio de una extracción de riñón y con una
operación de corazón pendiente, murió en el Hospital Militar.
El ensañamiento con
quien fue segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate en Santiago del
Estero venía de antes. Dos de los
integrantes del Tribunal Oral Federal, María Alicia Noli y José María Pérez
Villalobo, diez días antes del inicio del juicio, y aun existiendo un fallo
de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que, en mayo pasado, había
dictaminado lo contrario, intentaron que
Cayetano Fiorini fuera a una cárcel común.
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| juez Arturo Liendo Roca, foto de archivo |
También
falleció, a los ochenta años, el mismo 19 del actual, el ex juez Arturo Liendo
Roca, que llegó a juicio nada menos que con tres
sobreseimientos en su haber. Tanto los
peritos de parte como los oficiales reconocieron su delicado estado de salud.
Sin embargo, el informe médico forense se perdió,
llamativamente, en el Tribunal Oral y su abogado sólo logró que presenciara las
audiencias desde su casa, por teleconferencia.
Las dos muertes aludidas quizás hubiesen podido evitarse si los
jueces actuantes no hubieran puesto en evidencia tamaña falta de respeto por la
dignidad humana, que se inscribe en un contexto de persecución militante que se
intenta disfrazar de justicia.
El 8 de septiembre, la Cámara de Casación aceptó abrir la
primera instancia de queja por un conjunto de recusaciones al tribunal, y suspendió el juicio. No obstante, los jueces le prestaron poca atención a la
medida y las audiencias siguieron su curso. Una semana más tarde, la Sala IV de la citada cámara anunció
que aceptaba una nueva serie de recusaciones y dejó en claro, por escrito, para que nadie
adujera ignorancia o desconocimiento, el "efecto
suspensivo" que implicaba su decisión.
Los planteos
esgrimidos por los defensores de los procesados son graves y de la más variada
índole. Van desde la participación de dos integrantes del Tribunal Oral Federal
en la organización terrorista ERP hasta la connivencia de los magistrados con
las partes querellantes.
Las muestras de
parcialidad de los jueces a cargo de la Megacausa III parecen tan flagrantes y
tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los
imputados sus más elementales derechos humanos, que no sorprende la ejemplar
decisión de la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan
Carlos Gemignani.
Lo
sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir
justicia sin rencores y sin preconceptos.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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