Por Emilio Cárdenas para
La Nacion
Jean-Pierre Bemba es
un desalmado y corrupto político congolés que está, desde junio pasado,
cumpliendo una condena de prisión por 18 años. Penalidad que le fuera impuesta
por el Tribunal Penal Internacional por la comisión de diversos delitos de lesa
humanidad en la República Centroafricana durante el conflicto armado interno
que allí ocurriera entre los años 2002 y 2003. Entre ellos, las violaciones
sistemáticas de mujeres que en esa condena, por primera vez, se definieron como
lo que en esas circunstancias realmente son: crímenes de guerra.
Bemba, sin embargo,
acaba de recibir una nueva y segunda condena, que esta vez alcanzó asimismo a
dos de sus abogados y a dos de sus ayudantes. Se refiere a las tareas de la
defensa del aludido Bemba, realizadas ante al alto tribunal internacional y
tiene que ver con la manipulación intencional de los 14 testigos que se
presentaran en la referida causa.
Al dictar la
sentencia aludida, el presidente del Tribunal Penal Internacional, Bertram
Schmitt, señaló que "ningún sistema
legal" puede aceptar la manipulación o el direccionamiento de los
testigos mediante cualquier inducción o presión destinada a que sus testimonios
dejen de lado la verdad. Prohibición que, por lo demás, ha sido reconocida por
los tribunales penales internacionales especiales, como son los de la ex
Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leone.
Ocurre que la
manipulación de los testigos, por su perversa gravedad, genera la nulidad de
sus respectivos testimonios. La que, por lo demás, es insanable. Absoluta, entonces.
La falsificación de la prueba no admite -claro está- otro resultado. Y supone
una ofensa gravísima contra la administración de justicia.
"Ocurre que la
manipulación de los testigos, por su perversa gravedad, genera la nulidad de
sus respectivos testimonios"
La experiencia
sugiere que, a veces, son los gobiernos (o sus fiscales) los que influencian o
presionan a los testigos para que de alguna manera ellos obstruyan o
distorsionen la verdad, con dichos torcidos. Para así alinearlos con sus
objetivos, con frecuencia políticos. También sucede, obviamente, que los
propios acusados, o sus abogados defensores, traten (como Bemba) de hacer lo
mismo, en procura de diluir las acusaciones que enfrentan. Ambas cosas, está
claro, son condenables y generan nulidades.
No está entonces
permitido entonces el llamado "coaching"
de los testigos. Por ningún motivo. Tampoco para tratar de paliar las
consecuencias del tiempo que de pronto pudiera haber transcurrido entre los
hechos que se investigan y las declaraciones testimoniales.
Esto último puede
hacer caer, por ilegales, a las llamadas "reconstrucciones
colectivas" con las que presuntamente se procura "construir o revivir" lo sucedido en el pasado, teñidas
casi siempre con un "relato"
particular. No se trata, a veces, de "refrescar
la memoria", sino de direccionarla, lo que es por cierto una práctica
inaceptable.
A lo que cabe agregar
que los testigos con interés en el resultado del juicio tampoco pueden ser
considerados independientes. Porque ciertamente no lo son. Y no debieran
testimoniar.
Todos los testigos "entrenados" son entonces
cuestionables, cualquiera hubiera sido su circunstancial "entrenador". Y su objetivo.
El tema que el
Tribunal Penal Internacional pone ahora sobre la mesa es bien serio. Porque
falsificar la prueba es claramente una forma de corrupción. Y, más aún, porque
se trata de respetar -o no- el debido proceso legal, que no puede dejarse de
pronto de lado sin vulnerar una garantía constitucional individual emplazada en
el corazón mismo de las estructuras democráticas y que por ello no puede,
jamás, dejarse de lado.
El tribunal
internacional deberá ahora determinar específicamente cual es el castigo a
imponer a los condenados por manipular testigos, que puede consistir en penas
de prisión de hasta cinco años, además de la imposición de multas a los que
resulten responsables. Jean-Pierre Bemba y los demás condenados pueden apelar
las condenas que se les impongan, dentro de los 30 días.
NOTA:
La clara descripción efectuada por el autor en la manipulación de los testigos
se ha cumplido a rajatabla en la República Argentina y la mayoría de los
tribunales lo han permitido. Un vergüenza.
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