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| Dr. Eduardo Rafael Riggi |
La sociedad argentina
todavía está lejos de contar con un Poder Judicial imparcial.
Actualizado 25
octubre 2016
A lo largo de la
década pasada, los dos presidentes Kirchner (Nestor y Cristina) construyeron un
“relato” mendaz para tratar de
justificar sus caprichosas manipulaciones de la economía argentina y disimular
el populismo que impregnara a sus dos gestiones. Ese “relato” tuvo toda suerte de capítulos. Esto es cortinas de humo y
mecanismos de distracción. Hasta algunos de corte patológico, como veremos
enseguida.
Uno de ellos,
manejado con la perversidad que los conformaba, fue realmente sorprendente y
consistió en la “exaltación principista” de los juicios en materia de crímenes de
lesa humanidad perpetrados en la Argentina en la década de los 70. Extraña
estrategia para quienes, hasta entonces, poco y nada habían hecho en ese campo.
Para esto último los Kirchner contaron con la ayuda interesada de algunos
jueces que se prestaron a manejos que ahora están quedando al descubierto y
que, desgraciadamente, destiñen su actuación.
Disfrazarse de “paladines” de los derechos humanos era
realmente importante para los Kirchner porque, de esa manera, desviaban la
atención sobre las mil fórmulas de corrupción que pusieron en marcha durante
sus mandatos y que hoy, gracias a la acción de algunos jueces federales, está
quedando al descubierto, ante el asombro de propios y extraños.
Nunca en la historia
argentina hubo gobiernos nacionales que hicieran de la corrupción no sólo un
negocio, sino una costumbre y hasta una suerte de culto. Nunca despojos del
tamaño que hoy se está revelando. Transformarse en “poderosos” económicamente suponía actuar hegemónicamente en el
escenario de la política, disponiendo de recursos que ningún otro partido
político tenía a su disposición, ni podía alcanzar.
Hoy
la justicia está –entre otras cosas– revisando la actuación de los magistrados
sumisos a los Kirchner, que coreaban su discurso único y exaltaban su presunto “coraje político”.
Si para muestra basta
un botón, acaba de dictarse una sentencia ejemplar por parte de la Sala III de
la Cámara Federal de Casación Penal, que lleva fecha 9 de junio de 2016. Se
trata de la decisión del caso “Carrizo
Salvadores”. Ella recayó en una investigación de presuntos delitos de lesa
humanidad que esa Cámara encontró no eran tales, anulando la sentencia que
había sido apelada. Nos referiremos enseguida a los insólitos argumentos por
los cuales finalmente se revocó la decisión apelada. Porque son duros. Amargos.
Y no tienen desperdicio. Y porque sugieren cuál era el modo de actuar, cual
acólitos desaprensivos, de algunos magistrados.
El Dr. Eduardo Rafael Riggi, el camarista
que formula el voto más importante, señaló que el tribunal inferior había
realizado “una interpretación no sólo
errónea, sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de los hechos
materia de juzgamiento”. Concluyó que la decisión apelada se refería a una “realidad que no se encuentra acreditada por
ningún medio de prueba o que directamente no existía”. Eso supone que la
decisión anulada era tendenciosa. O, peor aún, que ella era mendaz. Lo que es
sumamente grave.
Para explicar su criterio,
el Dr. Riggi aclara que “esos
acontecimientos fueron tergiversados”. Esto es, trastocados o trabucados
por los magistrados que en su momento habían dictado la sentencia que fuera
apelada. Nuevamente, un proceder escandaloso.
El mencionado camarista
agregó que los hechos a los que se refiere la sentencia que revoca no
existieron más que “en la exclusiva
subjetividad de los señores magistrados y que carecen por ende de todo sustento
en las pruebas incorporadas”. El Dr. Riggi describe amablemente un proceder
a todas luces repudiable, al que califica de “falto de seriedad”, “antojadizo
y arbitrario”, producto de “preconceptos”.
En cualquier sistema judicial esa descripción alude a conductas inaceptables,
merecedoras de sanciones.
La
revocatoria suscrita por el Dr. Riggi fue asimismo especialmente severa
respecto de la “prueba” diligenciada
en la causa en la que intervenía. Muy particularmente
respecto de los testimonios de dos testigos que, créase o no, habían
pertenecido al movimiento guerrillero marxista que respondía al nombre de
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), razón por la cual el Dr. Riggi
entendió que estaban lejos de ser imparciales y que eran, en cambio, partes
interesadas en las investigaciones de sus propias “andadas”, lo que hace que sus respectivos testimonios fueran
inaceptables, debiendo quedar excluidos de cualquier valoración, por su
evidente nulidad absoluta.
Es
evidente que quienes perpetraron delitos de lesa humanidad deben asumir las
responsabilidades que les caben, pero sólo en juicios que –naturalmente–
respeten la verdad. No en procedimientos amañados que
desprestigian a la justicia argentina y generan la nulidad de las respectivas
actuaciones. La independencia de los jueces es un componente central de toda
democracia y es, a la vez, una garantía del debido proceso legal. De allí su
trascendencia.
La revocación de una
sentencia mendaz supone corregir el rumbo. Pero es importante señalar que el
Poder Judicial argentino actúa bajo gruesos nubarrones que –para muchos– sugieren
rincones de parcialidad. Por esto precisamente el 77% de los argentinos dice no
confiar en su justicia y espera que en adelante se tomen las acciones
necesarias para que actuaciones como la reseñada no se vuelvan a repetir.
Ocurre que el descaro
es, a veces, total. A punto tal, que dos camaristas que habían sido, ellos
mismos, integrantes del mencionado ERP y actuaban en otras causas de “lesa humanidad”, acaban de ser
separados de una de ellas por su instancia judicial superior. Nunca sintieron
la necesidad obvia de inhibirse, esto es de apartarse de las causas en las que
intervenían. Por ausencia total de imparcialidad. Todo lo contrario, tuvieron
la repudiable audacia de dictar sentencias que luego fueron revocadas.
Paradójicamente, ellos son todavía magistrados, pese a lo acontecido.
Lo
que muestra cuán lejos está la sociedad argentina todavía de contar con un
Poder Judicial imparcial. Hay aún mucho que hacer en la
búsqueda de la imparcialidad que siempre debe caracterizar a los magistrados
judiciales. Queda un largo camino por recorrer para reparar una democracia que
los dos presidentes Kirchner desajustaron perversamente, en todos sus poderes.
Sin reparos de ningún tipo, en busca de aureolas falsas que obviamente no les
pertenecían.
Emilio
J. Cárdenas
Ex Embajador de la
República Argentina ante las Naciones Unidas
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