A muchos argentinos
nos sigue llamando la atención que más de dos mil personas permanezcan en
prisión acusados de delitos de "lesa
humanidad" por su actuación en la guerra revolucionaria de los 70
integrando las fuerzas armadas y de seguridad movilizadas por la Nación
Argentina, incluyendo a oficiales y suboficiales de las más bajas jerarquías y
muy jóvenes en aquellos años, mientras que en llamativo contraste, los
principales jerarcas responsables de los ejércitos irregulares del terrorismo
gozan de la más plena libertad en nuestro país o en el extranjero, habiendo
ejecutado un plan de eliminación sistemática de todo aquél que fuese obstáculo
para su mesiánico objetivo de instaurar una dictadura marxista. Sus blancos
fueron en su mayoría la población civil ( integrantes de las fuerzas de
seguridad), y en número no desdeñable otros como sindicalistas, empresarios, diplomáticos,
periodistas, y diplomáticos.
Tenemos la esperanza
de que la reapertura de la causa por el secuestro, torturas y asesinato del
Coronel Larrabure, por haberse negado a colaborar con el terrorismo, signifique
el comienzo de la aplicación del elemental principio de igualdad ante la ley,
ignorado con fines inconfesables en los últimos doce años.
Santiago
Floresa
Capital Federal
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