Bonafini acusó a Zaffaroni por lesa humanidad

En relación al grave hecho ocurrido en el Tribunal Oral Federal de San Juan el 16 de mayo de 2012, cuando la "testigo estrella" Rosalía Garro, vieja militante revolucionaria, miembro de la banda terrorista Montoneros y actual funcionaria del gobierno de la provincia de San Juan en el cargo de Subsecretaria de Derechos Humanos, fue acusada por falso testimonio, vale la pena recordar que Agosto de 20011 varios medios de comunicación social, entre otras cosas en medio del escándalo por los prostíbulos en los departamentos alquilados del Juez Zaffaroni, informaban que “hace doce años, Hebe de Bonafini presentó un denuncia en la Justicia Federal contra "los jueces de la dictadura" y en el listado de más de 400 magistrados figuraba el actual ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni.”

En diciembre de aquel año, Bonafini y su mano derecha, María "Porota" Meroño fueron a Comodoro Py para pedir que se investigue a los jueces de todas las instancias y fueros que fueron nombrados por el último gobierno militar por  "delitos de asociación ilícita calificada; homicidios calificados; lesiones graves y gravísimas; violaciones; privaciones ilegales de libertad; torturas y apremios ilegales".

El petitorio judicial también los acusaba de "sustracción, retención y ocultamiento de personas; violación de domicilios; robos; extorsiones; estafas y defraudaciones; usurpaciones; daños; sedición traición; falsificación de documentos en general, etc." Se trata de las mismos cargos que se les imputó a los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Agentes de otros organismos del estado, hoy ha sido condenados y/o juzgados por los llamados delitos de lesa humanidad.

El petitorio involucraba a todos los funcionarios judiciales que ejercían en 1981 y todo juez que juró entre el 24 de marzo de 1976 y el 20 de septiembre de 1983. Entre ellos, figura Zaffaroni.

En la Asociación de Madres de Plaza de Mayo dijeron a Perfil.com que de la denuncia "no supieron más nada" por lo por que sospechan que no se abrieron las investigaciones por delitos de lesa humanidad contra Zaffaroni y otros centenares de jueces y ex funcionarios.

En 2006, en un acto de maestros de CTERA, Hebe y el juez de la Corte de cruzaron y se saludaron cordialmente, pese a que Hebe no se había olvidado de aquella denuncia por entonces. Es que, dos años después, Bonafini volvió a pedir "cárcel" a los "más de 400 jueces que colaboraron con la dictadura" en la Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo.

Pese a ello, Bonafini llamó a una multitud a "tomar Tribunales" en un acto por la Ley de Medios y fustigó con dureza a la Corte: "Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte, qué le vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte, qué le vamos a decir a los que apoyaron la dictadura militar, a la Suprema Corte, que no sé por qué Suprema y por qué Corte, que no sé por qué carajo están en un palacio, que se reúnen a espaldas de nosotros, que les pasan sobres con plata para asegurarles la vida de ellos y de toda su cría", afirmó.

A esos dichos, Zaffaroni contestó de modo cariñoso: "Hebe es Hebe y es querible".

Nos gustaría que Zaffaroni comprendiera que este grave problema no se trata sobre si alguien “es querible o no”, se trata de aplicar el principio que todos somos iguales ante la ley. Hoy la justicia argentina tiene encarceladas a más 1.150 personas, mientras que los terroristas que abrieron la Caja de Pandora gozan de plena libertad. Esta situación representa una inequidad sin igual y es un problema que debe resolver la política en democracia.

Es hora de paz, concordia, reconciliación, justicia y memoria completas… la solución justa y pacificadora, está prevista por el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, incorporado como vinculante  para la Argentina por la Ley 23.379, sancionada por el Congreso el 25 de Septiembre de 1986, promulgada por el Presidente Alfonsín el 9 de Octubre de ese año y publicada en el Boletín Oficial el 9 de Junio de 1988.

El Protocolo, en su título II, Artículo 6, punto 5, expresa: "A la cesación de las hostilidades , las autoridades en el poder, procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado."