Un Estado que discrimina

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 LA NACION – 27jun12 – Opinión - Editorial

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Un Estado que discrimina

Sigue sin saldarse la deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70, como si sus derechos no existieran

EL 27 de enero de 1980 entró en vigor la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vinculante para la Argentina. De esta manera, sus normas forman parte de nuestro propio derecho positivo sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior que tenga igual carácter. Ningún Estado puede acudir a artificios de ningún tipo para violar impunemente esos acuerdos.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la obligatoriedad de tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna. El 17 de septiembre de 2003 esa Corte emitió una opinión consultiva que había sido requerida por México, por la que ratificó que no se puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación en perjuicio de un determinado grupo de personas en razón de su raza, género, religión, color u otras causales.

No obstante la claridad y contundencia de esos conceptos, la política de derechos humanos aplicada en la Argentina a lo largo de la última década transita por la dirección opuesta. El tratamiento conferido a las víctimas de la violencia setentista pone en evidencia la ruptura descarada del principio de igualdad y no discriminación ante la ley. Todas las medidas relacionadas con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que protegen a las víctimas por igual fueron otorgadas a aquellos que sufrieron violaciones de sus derechos imputables a agentes estatales, pero el propio Estado se los niega a quienes, en cambio, fueron víctimas de los atentados de las organizaciones terroristas.

Para ello se ha argumentado que la violación de los derechos humanos sólo podía perpetrarla el Estado, pero es bueno recordar que hace más de 20 años un fallo histórico (Velásquez Rodríguez c/Honduras) de la Corte Internacional de Justicia afirmó: "Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la convención". Cabe agregar naturalmente que las graves responsabilidades por las violaciones de las normas del derecho humanitario internacional no recaen sólo sobre quienes actuaron como agentes del Estado, sino sobre todos, sin exclusiones.

La manifiesta discriminación en contra de las víctimas del terrorismo de los setenta repugna a la justicia y al derecho, pero también al sentido común. Paradójicamente, se han reconocido reparaciones económicas y honoríficas a quienes, en muchos casos, atacaron y violaron inhumanamente los derechos y hasta la vida de víctimas civiles inocentes. Estas circunstancias son aún más graves cuando algunos de los actuales funcionarios del Gobierno han pertenecido a algunas de esas organizaciones terroristas y, desde sus actuales funciones, incumplen las obligaciones imperativas emanadas de los tratados internacionales que han sido celebrados y ratificados por el Estado argentino.

Ninguno de los museos de la memoria de la Argentina registra siquiera uno de los casos de las víctimas del terrorismo, pretendiendo eliminarlas así del recuerdo conmovido que el pueblo debería dispensarles, como si no hubieran existido jamás. Es de esperar que la gran deuda abierta y pendiente con las víctimas del terrorismo setentista sea pronto saldada y que no se continúe acrecentando su dolor por la acción u omisión atribuible al propio Estado, discriminándolas ilegalmente y privándolas de los derechos que, con justicia, ciertamente les corresponden.