Lunes 11 de marzo de 2013 |
Publicado en edición impresa
Por
Julio María Sanguinetti | Para LA NACION
En
su torrencial mensaje al Parlamento
al inaugurarse el período parlamentario, la señora presidenta de la Argentina se condolió de los presuntos
sufrimientos que aparentemente nos afligen a los uruguayos. En el contexto de
una larga tirada en contra de la Justicia,
dijo: "Miren si no lo que está
sufriendo el pueblo de Uruguay. El repudio de distintas personalidades y países
frente a una política que niega el cumplimiento de los elementales derechos
humanos a los que tiene derecho toda sociedad".
Ante
todo, digamos que no es aceptable que un jefe de Estado se introduzca en la
vida política de otro Estado, por más cercano y hermano que éste sea. ¿Qué le
parecería al Gobierno de la Argentina
que el presidente de Uruguay, por
ejemplo, cuestionara sus actitudes hacia la prensa o considerara peligrosa su
propuesta de reforma judicial? Elementales
códigos de convivencia internacional imponen a todos los Estados el recíproco
respeto a su vida interna, especialmente cuando se trata de países democráticos,
cuya vida institucional se encuadra dentro de sus normas y se vive conforme a
sus hábitos.
Dicho
esto, hablemos claro sobre los episodios a los que se refería la mandataria. Se trata de que la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional una absurda ley "interpretativa"
de la amnistía a los militares ("ley
de caducidad de la pretensión punitiva del Estado") que en términos
prácticos anulaba sus efectos. La resolución motivó las iras de algunos grupos
radicales que, en un acto inaudito de patoterismo, ocuparon la sede de la
cabeza del Poder Judicial,
pretendiendo impedir el traslado de una jueza, uno en 16 traslados de los que
rutinariamente realiza. Por ambos motivos, el tal traslado y la declaración de
inconstitucionalidad, la bancada parlamentaria oficialista lanzó una andanada
de agravios contra la justicia y hasta llegó a amenazarla con un disparatado
juicio político. Cuando sus fallos sobre la materia le han agradado, sólo hubo
aplausos, como cuando la justicia exceptuó de la amnistía varios casos
referidos a militares, policías y civiles de la época de la dictadura. Si el
pronunciamiento no agrada, en cambio, se lanza una andanada impropia de un país
en que la separación de poderes es principio histórico, que nos viene desde las
"Instrucciones"
artiguistas de 1813.
La
ley interpretativa se sabía de antemano que era inconstitucional; así lo habían
dicho una y otra vez los juristas consultados por el Parlamento. ¿Por qué lo
es? Porque pretendía retrotraer la tipología delictiva de "delitos de lesa
humanidad" a una época en que no existía, violando así el histórico principio liberal de la irretroactividad de
la ley penal más gravosa.
Bueno
es recordar que la salida pacífica de Uruguay hacia la democracia se hizo sobre
la base de tres leyes, una que amnistió a los guerrilleros que habían atentado
contra la Constitución, pretendiendo instaurar por medio de la violencia un
régimen marxista; otra que estableció reparaciones a funcionarios postergados y
otras víctimas de la dictadura, y una tercera que amnistió a los militares por
sus delitos en la época dictatorial. O
sea que hubo dos amnistías, una para cada lado.
Por
cierto, las amnistías son siempre discutibles por ofrecer una solución racional
a una situación pasional, pero ellas han sido, a lo largo de toda nuestra
historia, el obligado final al conflicto sangriento, cada vez que se quiso mirar
hacia adelante y pacificar el país.
Más
allá de todos los debates éticos, lo indiscutible es que: 1) esas amnistías resultaron eficaces y
lograron su afán pacificador, sin que se sufrieran más rebrotes
guerrilleros o militares, como los que
infortunadamente vivió la Argentina; 2) que ambas tuvieron apoyo popular, porque la ley de amnistía a los
militares fue ratificada plebiscitariamente dos veces por la ciudadanía, en
abril de 1989, al principio de un año electoral, y en noviembre de 2009, junto
a la elección presidencial que consagró a José
Mujica.
Éste fue el camino uruguayo.
El cambio en paz. Desde 1985 hasta
hoy, han gobernado tres partidos diferentes, sin zozobras ni violencias. El
pueblo acompañó el esfuerzo y si también extendió a los militares el perdón que
había dado a los guerrilleros, fue por su afán de mirar hacia adelante sin
rencores: si se abría el capítulo de la persecución a todos los hechos de la
dictadura, se abriría también el de los tantos crímenes de la guerrilla que no
habían tenido sanción y el país se
condenaría a mantener abiertas las heridas del pasado. La inmensa mayoría
de los uruguayos repudió todas las formas de la violencia política, lo reiteró
con el voto y, si algo ha hecho la justicia hoy, es respaldar el Estado de Derecho.
Nosotros no compartimos muchos de sus pronunciamientos anteriores, pero los
acatamos, así como respetamos éste, que preserva garantías fundamentales.
Desgraciadamente,
hay uruguayos de débil convicción democrática, que no respetan los
pronunciamientos de la ciudadanía, y los de la justicia, sólo cuando los
entienden favorables a su causa. No son los más, felizmente. La mayoría, si de
sufrimiento se trata, sólo padecemos cuando no se acata a la justicia ni al
voto popular. O cuando no se respeta
nuestra dignidad nacional, con jefes de Estado que desde fuera de fronteras se
entrometen en nuestros debates.
FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1561927-el-supuesto-sufrimiento-de-uruguay
NOTA: Las negritas no corresponden a la nota original.
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