HIERRO DE MADERA

20/08/2013                                                        

Por Mauricio Ortín

El totalitarismo que llega al poder por la fuerza de las armas no tiene entre sus preocupaciones principales el justificar sus actos a través del debate esclarecedor masivo. Por lo general, opta por un método menos burocrático y más “convincente”: el terror de Estado.

El totalitarismo incipiente o en ciernes que se instala en el poder través de elecciones libres va, de menos, a más. Comienza por construir poder propio en la medida que destruye el ajeno. A la larga, todos los regímenes totalitarios precisan de un relato que compense las resistencias que provocan con el asalto a los derechos y garantías de los ciudadanos. La prensa independiente, las empresas privadas no cooptadas y las instituciones no sometidas del Estado de Derecho, por el mero hecho de existir, quedan incluidas en el grupo informe, difuso y enemigo del pueblo que concentra lo peor del país.
Definir el mal es, también, definir el bien. De estos dos axiomas, que no necesitan demostración, pende todo “el relato”. El kirchnerismo, el chavismo, el castrismo y otros han seguido, a pie juntillas, las indicaciones del Manual Básico del Totalitario Ilustrado al inventarse como héroes que enfrentan en una lucha desigual a un enemigo poderoso e inmortal que acecha y mortifica a sus respectivos pueblos (una criatura semejante a las serpientes de mar soñadas en la canción de Silvio Rodríguez, según la cual, cada vez que se mata una, “aparece una mayor”). Así, la acción política oficial descripta en el relato reviste la forma de hazaña épica que da cuenta del combate entre el débil y el fuerte. David o Goliat; Cristina o Clarín. Pero nada (es decir, NADA) más lejos de la realidad que semejante patraña. Porque la persona más poderosa de este país es aquella que usa al Estado como si fuese de su propiedad. Sentada en la formidable acumulación de poder el kirchnerismo ha embestido contra la Constitución Nacional, el tesoro público, la prensa independiente, la “corpo” judicial (incluida la Corte Suprema de Justicia), la “oligarquía” sojera, el salario a través del impuesto a las ganancias, etcétera. Mucho más grave, todavía, es la demolición del valor cardinal de la Justicia en la Argentina. En esto el kirchnerismo no estuvo solo. Los partidos políticos y la prensa, en general, hicieron lo suyo. Por ejemplo, en el manifiesto apoyo y nula crítica que ha tenido la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en su abierta persecución a funcionarios de la justicia no consustanciados con “la política de derechos humanos K”. El esquema maniqueo, “David vs. Goliat”, se presta de maravillas para “ir por todo” (“democratizar”) el Poder Judicial. El “relato”, en este caso, acentúa el inmenso poder “endogámico y oligárquico” que tiene la “corpo” judicial. Para, el fiscal (kirchnerista) federal Jorge Auat, todos los jueces están bajo sospecha. La inocencia deben demostrarla a través de sentencias que se ajusten al “relato K” en las causas de “Lesa Humanidad”. La poderosa Secretaría de DDHH que, como organismo del Estado, debería presumir de imparcialidad,  siempre estuvo a cargo de un ex subversivo (Luis Duhalde y Rodolfo Matarollo) en la década K o, actualmente, de un hijo de desaparecido (Fresneda). La persecución desde el Estado (con el apoyo de la mayoría de los medios) es una hipótesis que se afianza, por ejemplo, en el caso del ex juez federal Ricardo Lona. A quien se lo acusa de encubrir el secuestro y desaparición del doctor Miguel Ragone y de no investigar la causa por la masacre de Palomitas. Ahora bien, resulta que, en el caso Ragone, la actuación procesal clave que llevó al esclarecimiento del hecho fue producida por Lona. Que el “encubridor” no puede ser el “descubridor” es una verdad que no necesita demostrarse. Sin embargo, los fiscales Azzolín y Auat la pasaron por alto; evidenciando o que están lo suficientemente preparados para desempeñarse en el cargo o que no les interesa ni la verdad ni la justicia. Por otro lado, más allá del descargo admisible de Lona respecto a la “no investigación de la masacre de Palomitas”, la imputación de Auat y Azzolín al ex juez salteño no está motivada en la “sed de justicia”. Si así fuera, primero deberían haber acusado mil veces al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni. Quien no sólo no investigó sino que, además, negó el básico derecho de “habeas corpus” a desaparecidos. Zaffaroni, de acuerdo a sus convicciones y fallos sobre la figura de “lesa humanidad”, debiera autoacusarse y, luego, autocondenarse. Sin embargo, ni Bonafini, ni Carlotto, ni Verstbiky, ni la secretaría de DDHH se meten con él. Hace dos días estuvo en la ciudad de Salta y no hubo un solo periodista que le preguntara, por ejemplo, lo siguiente: ¿Negar “habeas corpus” y no investigar desapariciones forzadas durante la dictadura, es ser genocida? Hasta que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las organizaciones de derechos humanos, los fiscales Azzolín y Auat y las Madres de Plaza de Mayo no persigan a Zaffaroni con la misma saña que persiguen a Lona, son el muñeco Pinocho. Decir justicia en “el relato K”, es decir, “hierro de madera”.