Por Aníbal Guevara
Bianchi | Para LA NACION
El problema no es
Milani... Mejor dicho: por supuesto que es
un problema el enriquecimiento dudoso de quien fue jefe de Inteligencia del
Ejército, ya que, como se sabe, esos funcionarios manejan fondos reservados
por los cuales no rinden cuentas y, por lo tanto, deberían tener unos
patrimonios irreprochables para evitar cualquier suspicacia.
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| Residencia particular de César Milani |
Pero respecto de las
denuncias hechas ante la Conadep sobre su papel en La Rioja o durante el
Operativo Independencia, el problema no es Milani,
sino el doble discurso .
Sobre el polémico
general de brigada pesa una denuncia que, como toda denuncia, debe ser
investigada con estricto recelo del respeto a la legalidad y el debido proceso,
ya que como se juzga a los militares de haber subvertido el orden
institucional, haber reprimido ilegalmente y haber violado los derechos
humanos, todo proceso originado en una denuncia de este tipo tiene que ser
intachable para ser coherente. Pero aquí la coherencia hace rato que está
ausente.
Cómo no estar de
acuerdo con las palabras de Estela de
Carlotto sobre el caso del nuevo
jefe del Ejército: "Cuando hay
una denuncia no hay que prejuzgar sino que hay que investigar y luego sacar
conclusiones correctas"; "Creo
que sobre una denuncia que no tiene ninguna comprobación posterior no se pueden
tomar medidas"; "Nosotros
no encontramos antecedentes en él, en la foja de servicio de él dice que
efectivamente ha estado en esos lugares, en Tucumán, pero bueno, si presumimos
que cada miembro de las Fuerzas Armadas que estaba en un lugar determinado es
responsable de un genocidio, tendríamos que enjuiciar a todas las fuerzas,
porque todos estaban en algún lugar, en algún momento".
Las palabras de Carlotto no podían ser más ecuánimes. El problema es que, en mi caso, me consta
que no es ése el espíritu de los juicios de lesa humanidad. Mi padre, que es más o menos de la misma
edad que Milani, por lo que tenía
más o menos el mismo grado en aquellos años, está detenido desde 2006 a pesar
de no haber sido nombrado en el Nunca
Más ni haber tenido denuncias en su
contra hasta ese año. En la primera instancia, fue condenado a cadena perpetua.
La condena fue fundamentada sin pruebas,
con testigos que contradicen sus propias declaraciones realizadas en los años
80 o que directamente tienen pedido de falso testimonio por absurdos y falaces.
Según el fiscal, mi padre "debería
haber sabido lo que pasaba" y por
eso lo condenaron con una pena mayor de la que le dieron a sus generales en el
Juicio a las Juntas, pese a que tenía 23 años en 1976. Durante el juicio fueron
ignoradas las declaraciones que confirmaban que, cuando lo mandaron a hacer
detenciones, lo hizo de día, de uniforme, que se presentó con nombre y grado,
labró actas e informó el lugar de detención correspondiente.
Tanto
a él como muchos otros presos por causas de lesa humanidad se les violan sus
derechos humanos cuando se los mantiene bajo prisión preventiva sin
justificativo a la espera de las instancias que falten después de un primer
fallo o directamente sin juicio, presumiéndolos culpables.
También cuando se les niega el acceso a la educación, cuando se desatienden sus
necesidades médicas, cuando se les niegan prisiones domiciliarias a los mayores
de 70 años o a los que están enfermos, cuando se rechazan sistemáticamente las
presentaciones de los abogados o se aplica retroactivamente la ley penal, entre
otros muchos ejemplos.
Aunque Ricardo Lorenzetti ya había adelantado
que los juicios por delitos de lesa humanidad son una política de Estado,
tenemos derecho a esperar que el desarrollo práctico de esa política no dañe la
norma fundamental de convivencia que se dan los Estados, la ley. Sin embargo, el Poder Judicial se ensaña
con los acusados, aun antes de que los delitos hayan sido probados.
Pero
en el caso de Milani, las denuncias por el supuesto enriquecimiento ilícito y
las acciones que se le atribuyen durante la década del 70 fueron obviadas por
la parcialidad kirchnerista. El tratamiento que
reciben las denuncias que pesan sobre él desnuda la arbitrariedad con que el
Gobierno y los organismos de derechos humanos abordan problemas que involucran
a sectores amplios de la sociedad.
Si no fuera así, el
ahora general se encontraría en alguno de los institutos penales del país,
esperando la resolución de un juicio por delitos de lesa humanidad o cumpliendo
una condena; si es que no hubiese muerto ya, a raíz de las condiciones de
detención y la paupérrima atención médica, necesaria para los mayores de
sesenta años. En este universo paralelo, sus hijos hubiesen sido testigos de
cómo los jueces, los abogados querellantes y los fiscales llevan adelante los
procesos con los resultados cerrados desde el inicio. Una máquina poderosa y torpe los engulliría con fruición, como lo hizo
con nuestros padres y nosotros.
A Milani lo amparan el Gobierno y los organismos de derechos humanos. El resto de quienes enfrentan
sospechas sobre su actuación en los años 70 sufren la persecución y la cárcel a
partir de procesos cuestionables desde el punto de vista jurídico. Sin embargo,
uno y otros algo tienen en común: sus casos son tratados con la misma rigurosa
irregularidad, si se nos permite la expresión.
El problema
es el doble discurso: se utiliza la bandera de los derechos humanos como
blindaje frente a las críticas y mientras tanto se está dispuesto a violar los
derechos humanos de cualquier ciudadano al que se pueda vincular con cualquier
pretexto a causas de lesa humanidad. Salvo que, como Milani, sea un soldado bajo sus órdenes.
El autor es vocero de la agrupación Hijos y Nietos de Presos
Políticos
NOTA:
Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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