El senador colombiano
Antonio José Navarro Wolff reveló en
InfobaeTV que Capital Federal fue
escenario de una cumbre para la repartición de territorio de las principales
bandas de Medellín y lo atribuyó a un "agujero del Estado".
Además habló del proceso de paz con
la guerrilla y los lazos de las FARC con
la droga
"Como
fui experto en inseguridad, también sé de seguridad, porque es la misma cara de
la otra moneda". Quien lo dijo es Antonio José Navarro Wolff. Su
curriculum da cuenta de la afirmación: formó parte de la conducción del grupo
armado colombiano M-19 durante la
década de 1980 para luego ponerse al frente de las negociaciones de paz (momento ese en el que fue víctima de un
atentado del que logró sobrevivir no sin secuelas físicas); desde entonces, fue
ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y candidato a
presidente. Y este año resultó electo senador.
De visita en el país
para participar del seminario internacional "Desafíos
para el Desarrollo y la Seguridad", el legislador concedió una
entrevista a InfobaeTV en la que
alertó sobre el avance del narcotráfico en la Argentina y las condiciones que
lo hacen posible.
"Aquí
hay una sensación de que algunos colombianos son un factor de inseguridad. Y
pueden tener razón. Pero eso lo que muestra es que hay un problema en el esquema de funcionamiento de la seguridad que lo
permite. Porque podrían estar en otro país",
observó.
La declaración
corresponde a la revelación de un encuentro que mantuvieron el año pasado en
Buenos Aires los líderes de las dos
bandas narco más importantes de Medellín
para repartirse el territorio luego del impacto que generó la extradición a los
EEUU de "Don Berna" (Diego
Murillo Bejarano), el paramilitar que hasta entonces regía la delincuencia de
esa ciudad.
"Tienen que
pensar bien qué está pasando internamente para que sea posible que dos jefes de
bandas de Medellín hagan una reunión en Buenos Aires", elegido de común acuerdo como
territorio neutral, apuntó. La explicación que aportó es que, a su entender, el
Estado no tiene una ‘presencia integral’ en todo el territorio, lo que vuelve
al país permeable para esas organizaciones".
"HAY UN HUECO, HAY UN ESPACIO QUE NO ESTÁ OCUPANDO EL ESTADO"
"Es
evidente que hay un agujero, porque si alguien está ocupando ese lugar es
porque no lo está ocupando bien el Estado. Hay
un hueco", evaluó. Y afirmó que la corrupción
es un factor que impacta en esa carencia.
Navarro Wolff exhortó
a las autoridades a tomar medidas para frenar el fenómeno, que consideró que
por ahora tiene un desarrollo incipiente. "Colombia
y México reaccionamos demasiado tarde a un proceso de cartelización, de control
territorial de las bandas. En países donde está empezando a suceder, como la
Argentina, hay que actuar oportunamente conociendo la experiencia de quienes
tuvimos que pasar por ese calvario", dijo.
La
guerrilla, la droga y el camino a la paz
En la entrevista, el
senador analizó también las negociaciones de paz que mantiene el gobierno
colombiano con la guerrilla de las FARC. Y manifestó su esperanza de que ese
grupo llegue a la misma conclusión a la que arribó el M-19 en 1990: "Entendimos que la lucha armada no iba
a producir ningún resultado y que la guerra sin fin no tenía sentido",
dijo sobre su experiencia. "Esperamos
que las FARC entiendan que no es la
vía", añadió.
La dificultad ahora
es otra. Es que en el caso de las FARC, el narcotráfico también hace valer su
peso. Navarro Wolff detalló los vínculos: "A
los grupos guerrilleros les permite financiarse y sobrevivir después de que ya
no tienen sentido político. Y a los grupos delincuenciales, de bandas comunes,
les da una ventaja comparativa con condiciones económicas para poder prevalecer
sobre otros".
De acuerdo con un
estudio que elaboró para una universidad, el efecto del proceso de paz puede
llevar a Colombia a pasar de tener 45.000 hectáreas de coca hoy a tener menos
10.000 en un plazo muy breve.
Aunque aparentemente
encarriladas, las negociaciones entre las partes penden de sostenes siempre
inflamables. Uno de los elementos que podrían interferir son las condiciones
judiciales para unos y otros. Entonces graficó con el asalto que perpetró el M-19 al Palacio de Justicia en 1985: "Eso fue mal resuelto jurídicamente,
los guerrilleros pidieron cesación de procedimiento y se archivaron los
procesos penales; los militares no. Y ahora es un factor de tensión que haya
militares presos y guerrilleros libres. Eso no está bien".
"UNA PAZ NEGOCIADA IMPLICA UN CIERTO NIVEL DE IMPUNIDAD ACEPTADO SOCIALMENTE"
"Cada
sociedad tiene que encontrar una solución. De alguna manera, una paz negociada
implica un cierto nivel de impunidad aceptado socialmente",
dijo. Pero advirtió: "Debe ser para
todos".
Y concluyó: "No hay guerra donde no se sobrepasen
los límites del derecho internacional arbitrario. Obviamente en el marco de
derechos humanos, de derecho humanitario, hay que encontrar una solución para
pasar la página".
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