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Por Aleardo F. Laría[1]
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
ha anunciado la elevación al Congreso de un proyecto de ley que dispone la disolución de la Secretaría de
Inteligencia (ex-SIDE) y la creación de una Agencia Federal de
Inteligencia. El anuncio es una respuesta política a la conmoción provocada por
la trágica muerte del fiscal Alberto
Nisman. Existía un consenso bastante extendido sobre la urgencia de
proceder a la remodelación completa de los denominados “servicios de inteligencia” del Estado. Es una medida correcta
aunque tardía, que se toma en el momento final de dejar el poder, después de haber aprovechado hasta el final
esa estructura paralela.
En la edición de “Página/12″ –un medio muy afín al
gobierno– del pasado domingo, varios columnistas –Marcelo Sain, Eduardo Jozami y Horacio Verbitsky– habían sostenido
la necesidad de encarar en forma inmediata la reforma del sistema de
inteligencia. En otros medios críticos al gobierno se habían pronunciado en el
mismo sentido Jorge Fernández Díaz,
Jaime Durán Barba, Ricardo Gil Lavedra, Miguel Bonnaso y otros conocidos
intelectuales. Es decir que de un modo natural, sin acuerdo previo, se
había producido un claro consenso alrededor de lo que debiera ser una política
de Estado en materia de inteligencia.
La iniciativa
legislativa de CFK parece calcada de
la propuesta formulada por Marcelo Sain
en la nota publicada en “Página/12” y
que lleva por título “Nunca es tarde”.
Sain es un reconocido experto en
seguridad que estuvo vinculado a la Alianza
y fue colaborador de Graciela Fernández
Meijide. Luego fue interventor de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y actualmente es diputado en la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro. La iniciativa
parece responder a los deseos de Horacio Verbitsky y los allegados al CELS.
Frente al ahogo provocado por la causa
Nisman –es decir, más por necesidad que por convicción– Cristina Fernández ha aceptado lanzar una
reforma institucional de cierto calado.
En la referida nota
de “Página/12” Marcelo Sain señala que “el más serio problema institucional es que desde hace mucho tiempo la Secretaría de Informaciones (SI) no
cumple integralmente con las funciones asignadas legalmente”. Añade que es
abundante la evidencia de que la ex-SIDE se ha venido dedicando al espionaje de
los “enemigos” políticos y también de
los “amigos” para vigilar su
fidelidad. Ha existido una enorme
cantidad de fondos públicos dirigidos al soborno de políticos, periodistas,
empresarios, jueces, fiscales y legisladores y se había convertido en una
dependencia incondicional a las exigencias de los servicios de inteligencia de
algunas potencias extranjeras.
En la propuesta
formulada por Marcelo Sain se
sugería proceder a la reorganización total de los servicios de inteligencia,
eliminando la SI (ex-SIDE) y
organizando una Agencia Nacional de
Inteligencia “sin medios propios para
la obtención de información y con un cuerpo de analistas altamente
capacitados”. Añadía que debería disponerse “el traspaso de las facultades y de los dispositivos de interceptación
de comunicaciones hoy monopolizados por la SI a la esfera del Poder Judicial”.
Como norma de obligado cumplimiento, cualquier interceptación de comunicaciones
debería ser siempre dispuesta por una
autoridad judicial competente.
El proyecto
presentado por CFK es bastante
similar, cambiando algunos nombres. El
problema es que traslada el sistema de interceptación de comunicaciones a la
Procuración General de la Nación, es decir entrega una herramienta tan delicada
a la cuestionada Alejandra Gils Carbó. Es como salir de la sartén para caer en las brasas.
Una
reforma de esta naturaleza no debería ser capitalizada por ningún grupo
político y menos por la presidenta Cristina Fernández,
que ha incurrido en la grave responsabilidad de mantener para su uso personal
una estructura secreta de esta naturaleza. Por consiguiente, la iniciativa debería tratarse en el
Congreso de un modo tal que permita contar con la participación de expertos y
asociaciones de la sociedad civil que garanticen un diseño eficaz e imparcial
de las nuevas estructuras a crear.
Las políticas de
Estado son aquellas iniciativas legislativas que se sacan de la lucha electoral
y se diseñan atendiendo a las distintas visiones partidarias, mediante un juego
de concesiones recíprocas, hasta alcanzar un acuerdo que permita que perduren
en el tiempo. En todas las democracias avanzadas del mundo existen consensos
básicos que permiten alcanzar este tipo de políticas. En Argentina no forman parte de nuestra cultura política, más proclive
al enfrentamiento áspero y confrontativo.
El derribo
consensuado del “cripto-Estado”, es
decir de las estructuras paralelas de poder incompatibles con la transparencia
que debe presidir la acción pública en un Estado democrático, es, sin duda, una
necesidad impostergable. Lo que ahora se
debe evitar es que sirva de soporte propagandístico a una facción política.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
[1] Es abogado y periodista
argentino, nacido en General Roca, provincia de Río Negro. Estudió abogacía en
la Universidad de La Plata, donde fue uno de los fundadores de la FURN (Federación Universitaria de la
Revolución Nacional). En la provincia de Río Negro fue dirigente de la Juventud
Peronista adscripta a la denominada “tendencia
revolucionaria” y abogado del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta y
otras organizaciones gremiales. En 1977 se exilió en España. Allí se desempeñó
como abogado de la Unión General de Trabajadores. Realizó también tareas de
consultor en la organización de empresas recuperadas (sociedades anónimas
laborales, en España). Ha sido columnista habitual en el diario “Rio Negro” y sus notas las distribuye
la Agencia Diarios y Noticias entre medios del interior de Argentina. Como
politólogo ha escrito tres ensayos publicados por el Grupo Editor
Latinoamericano. En los dos primeros, “Calidad
institucional y presidencialismo: los dos problemas no resueltos de Argentina”
y “El sistema parlamentario europeo. Las
ventajas del parlamentarismo” formula una fuerte crítica al sistema
presidencialista y aboga por la implantación de un sistema parlamentario. En su
último ensayo, “La religión populista”
describe los rasgos más importantes del populismo: estructura retórica y
liderazgo carismático, para a continuación desarrollar la tesis de que el
populismo no es una ideología –como el marxismo- ni un movimiento político
–como el fascismo- sino un estilo discursivo utilizado por ciertos líderes para
llegar al inconsciente colectivo de las masas y ganar su apoyo. Actualmente se
desempeña como vicedirector del diario “Río
Negro”, un diario regional con amplia difusión en las provincias de Río
Negro y Neuquén.
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