La demonización del
fiscal Nisman desde el oficialismo demuestra la carencia de escrúpulos de
algunos funcionarios kirchneristas
Alberto Nisman ha
sido satanizado por un gobierno que ha preferido exponer dudosos detalles de la
vida íntima de alguien que ya no puede defenderse, en lugar de responder
civilizadamente a las denuncias presentadas por el fiscal que fue hallado
muerto a mediados de enero.
La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios han demostrado no
tener escrúpulos morales ni siquiera con los muertos. De tal forma los ciega el
ánimo revanchista que no reparan en medios a la hora de usar y abusar del
poder.
Rasgarse las
vestiduras en virtud de que se han vulnerado determinados principios para, acto
seguido, ser el primero en violentarlos es una de las consignas por excelencia
del kirchnerismo. Es así como funcionarios que en los últimos años se vienen
jactando de ser una suerte de abanderados de la defensa de los derechos humanos
terminan invitando a investigar a la víctima en vez de buscar a sus victimarios
y sugiriendo que algo habrá hecho para merecer la muerte.
Sorprende e irrita
ver a funcionarios inhabilitados para dictar lecciones de ética, como Aníbal
Fernández, calificando de "sinvergüenza" a un fiscal ya fallecido, al
que ahora acusan de darles trabajo a "ñoquis" y de malversar fondos públicos
en pos de una vida personal disipada. Llama la atención porque, antes de hablar
de "ñoquis", la administración kirchnerista debería autoexaminarse y
advertir la manera desproporcionada en la que ha crecido el empleo público en
los últimos años y la cantidad de puestos que se han creado para satisfacer a
ciertas agrupaciones kirchneristas y que son verdaderos subsidios encubiertos a
la militancia.
Si alguien ha dado
cátedra sobre el uso de fondos públicos como propios ha sido la actual
presidenta de la Nación, ya desde los tiempos en que siendo primera dama y
candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, en 2005, hacía
campaña subida al helicóptero presidencial, financiado con los impuestos que
pagamos todos los argentinos.
Es curioso que
algunos funcionarios que ahora se confiesan indignados ante el elevado nivel de
gastos de la fiscalía especial sobre el atentado contra la AMIA no hayan dicho
una palabra frente a los numerosos escándalos que involucran al propio
vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Es llamativo también que ninguno de
ellos haya mirado hacia la Procuración General de la Nación, a cargo de
Alejandra Gils Carbó, que es quien debería haber controlado cualquier
irregularidad con las partidas presupuestarias de la citada fiscalía.
La tradición de
echarle siempre la culpa al otro se puede advertir también en el afán del
Gobierno por desembarazarse de Jaime Stiuso, el ex director de la Secretaría de
Inteligencia hoy demonizado por el kirchnerismo, luego de casi 12 años en que
fue utilizado por el Poder Ejecutivo para toda clase de operaciones
clandestinas.
El doble estándar de
medida, aplicado a propios o adversarios, según convenga a su táctica del
momento, ha sido una constante en la forma en que el kirchnerismo ha ejercido
el poder desde mayo de 2003. Lo aplica con frecuencia la primera mandataria, a
la hora de dividir a la sociedad argentina hablando de "los de
arriba" y "los de abajo", pretendiendo ignorar su espectacular
crecimiento patrimonial, que ni el más inocente de los argentinos puede
atribuir, como ella lo hizo durante una conferencia en la Universidad de
Harvard, a su presunto pasado como "exitosa abogada". A no ser que se
refiera a la fortuna que pudiera haber amasado su esposo a expensas de quienes,
durante el último gobierno militar, perdieron sus casas con la instrumentación
de la recordada circular 1050.
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
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