Por
Mauricio Ortín
Estimado
Sr. Presidente Mauricio: La afirmación del secretario de Cultura de la ciudad
de Buenos Aire, Darío Lopérfido, respecto de que en la Argentina “no hubo 30 mil desaparecidos” ha generado, como ocurre cada vez que
se cuestiona dicha cifra, la intempestiva reacción, entre otros, de Estela de
Carlotto y de Adolfo Pérez Esquivel. “Manejamos
la cifra de 30 mil porque los propios depredadores registraron cerca de 45 mil” disparó la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo; “Le pediría a
Lopérfido que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura” reprochó el Nobel de la Paz argentino.
Todo esto dicho con alto grado de fastidio; fastidio que no se ajusta a la
respuesta chapucera con la que pretenden desmentir a Lopérfido. Si Carlotto y
compañía le dan el crédito a los “depredadores” (militares que pelearon contra la
subversión) que hablan de 45.000 entonces debieran dárselo también cuando estos
declaran en los juicios en los que son acusados. ¡Qué esperanza! No. Allí corre
ese mamarracho jurídico del “testigo
necesario”, según el cual la palabra (testimonio) de la víctima (ex
terrorista, en la mayoría de los casos) vale mucho más que la del victimario
(acusado). Además, ¿Cuándo los militares dijeron tal cosa? ¿Dónde está ese
registro? El General Reynaldo Bignone declaró en juicio “Acá no hubo más de 8000
desaparecidos”. El general Videla mencionó 7.000. Por otro lado, ¿de dónde
saca Pérez Esquivel que ser sobreviviente de la dictadura le da autoridad de
experto para afirmar concluyentemente sobre el número real? Es él quién debe
informarse y no Lopérfido dado que, al respecto, los datos oficiales
establecidos hasta el último día del gobierno de Cristina y que están al
alcance de cualquiera en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, aseveran categóricamente que las “Víctimas
de desaparición forzada y asesinato en hechos ocurridos entre 1966 y 1983” ascienden, exactamente, a 8631 casos
desde el golpe de Onganía hasta la asunción de del Dr. Alfonsín. Véase el link:
Para
alguien mínimamente informado resulta ostensiblemente falso y fuera de toda
duda de que hayan sido 30.000. De allí que, ante la demostración palmaria de
que no existe el menor indicio para sostener semejante cifra y si, en cambio,
sobrados para estimarla alrededor de los ocho mil, los deshonestos recurran a
la falacia ad hominem; es decir, pretender refutar el argumento de los ocho mil
descalificando a quien lo
esgrime. Así, entonces, se
insinúa que Lopérfido quiere minimizar la represión del gobierno militar
motivado por una suerte de afinidad o complicidad con los “malditos” Videla, Massera y compañía. En suma,
una extorsión pues la verdad no es asunto que se dirima por la simpatía que
tenga a una o varias personas. Y de serlo, lo recomendable sería seguir al
viejo Aristóteles, quien, en circunstancias comparables, subrayó: “Soy amigo de Platón pero más amigo
soy de la verdad”.
Así las
cosas, no queda otra que pensar que miente, descaradamente, la gran mayoría de
aquellos que mediana o suficientemente informados insisten en los 30.000.
Comenzando por la ex presidente Cristina Kirchner y siguiendo por Carlotto,
Pérez Esquivel, Bonafini, Verbitsky, Recalde, etcétera. Lo mismo vale para las
ONG de DD.HH. y también para la política tan celebrada de “Memoria, Verdad y Justicia” y que para el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tiene el rango superior de “política de Estado” por el hecho de haber sido consensuada
por los tres poderes. Lo que no aclaró el presidente de la Corte es si la
escandalosa mentira en la que se funda (no es la única) también surgió del
consenso. Mentira que, con la mera diligencia de contrastarla con los datos
oficiales, revienta como como un forúnculo purulento. En este caso, el Estado,
que le dice a los argentinos que son 30.000 los desaparecidos (desde el 24 de
marzo de 1976 al 10 de octubre de 1983) mientras tiene efectivamente
registrados 8631 (desde 1966 a 1983) además de mentir, delinque.
- Señor Presidente de la Nación Mauricio Macri, usted debe,
con el riesgo de ser
considerado cómplice, poner
fin a esta ignominiosa situación que abochorna a los argentinos. Solamente
consiste en refrendar los informes que obran en su poder, pues ordenar
debidamente los hechos
históricos desde el Estado es propio de los gobiernos probos y justos.
Ubicando las cosas en su
lugar hará suyo el lema de
ese gallardo rioplatense que dijo “con
la verdad ni ofendo ni temo”[1].
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