miércoles, 27 de enero de 2016

EL JEFE DE GABINETE DE PATRICIA BULLRICH CONSIDERÓ QUE LOS JUICIOS A REPRESORES SON “LA LEGALIZACIÓN DE UNA VENGANZA”

Se trata de Pablo Noceti, quien argumentó que estos procesos son “instrumentos de revancha y de represalia política”. También, repudió el fin de la obediencia debida y la ley de punto final.


El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, defendió a represores de La Pampa y de Concepción del Uruguay. Además, consideró que estos procesos eran “la legalización de una venganza”.

El letrado fue socio del estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, que integraban la la Corporación de Abogados Católicos, que definía a los juicios por los delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”.

Según informa el diario Página 12, Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, responsable de la represión ilegal en La Pampa y a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. En esa oportunidad, Noceti argumentó que la acusación estaba sustentada en “ligerezas” propias de  “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.

Además, expresó su preocupación de que “nuevos vientos políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. Asimismo, consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República” y añadió: “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”.

También, sostuvo que los juicios representaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y alertó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”.

Por otra parte, el funcionario cuestionó que se haya declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y afirmó que la ley del Congreso que declaró el fin de la obediencia debida y el punto final  “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”.

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