Se trata de Pablo
Noceti, quien argumentó que estos procesos son “instrumentos de revancha y de represalia política”. También,
repudió el fin de la obediencia debida y la ley de punto final.
El jefe de Gabinete
del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, defendió a represores de La Pampa y
de Concepción del Uruguay. Además, consideró que estos procesos eran “la legalización de una venganza”.
El letrado fue socio
del estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, que integraban la la
Corporación de Abogados Católicos, que definía a los juicios por los delitos de
lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”.
Según informa el
diario Página 12, Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente
coronel Fabio Carlos Iriart, responsable de la represión ilegal en La Pampa y a
quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones
ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. En esa oportunidad, Noceti
argumentó que la acusación estaba sustentada en “ligerezas” propias de “un
proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera
la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político,
desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio
de inconfesables intereses”.
Además, expresó su
preocupación de que “nuevos vientos
políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que
aparece al servicio de estos vaivenes”. Asimismo, consideró “imprescindible hacer un llamado a la
institucionalidad de la República” y añadió: “El poco interés en respetar la
Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario
fundamentarlo”.
También, sostuvo que
los juicios representaban la “manipulación del poder judicial orquestada
desde el poder político de turno” y alertó que “la conclusión a la que habrá de
arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados”
a partir de “la violación de las reglas
elementales del proceso”.
Por otra parte, el
funcionario cuestionó que se haya declarado la imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad y afirmó que la ley del Congreso que declaró el fin
de la obediencia debida y el punto final
“debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”.
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