Por Lara Ronín
(Bs. As.)- Luego de
cinco años de juicio y un costo millonario, el 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral N° 5 de CABA integrado
por el kirchnerista Daniel Obligado,
Jorge Bruglia y Adriana Paliotti dictaron sentencia en el tercer tramo de la causa
ESMA unificada.
Todos saben que los testigos faltaron a la verdad, y que
sus testimonios fueron armados especialmente para la ocasión con intención
punitiva, de probarlo se encargó el minucioso trabajo de las defensas
prolijamente soslayado por el tribunal. También
saben que los principios del derecho que aplicaron, violan aquello que la
Constitución Nacional ordena. A nadie le importa.
En este aspecto la
impronta del kirchnerismo sigue igual, jueces federales y secretarios continúan
violando la ley como si fuese algo normal, y el Estado continúa acusando dos
veces. Los responsables parecen que están genuinamente convencidos de que la
ley penal debe aplicarse retroactivamente y ordenan al resto de los agentes del
Estado que también quebranten la ley, manteniendo privados ilegalmente de la
libertad a miles de viejos, de los cuales más de 450 murieron en cautiverio.
Pablo
Bertuzzi, el cuarto juez, llegó a manifestar en privado
que más de un testigo debería salir esposado de las audiencias. Bertuzzi se destacó por formular
preguntas orientadas a la búsqueda de la verdad, hasta que fue silenciado por los otros tres jueces, proclives a
sostener incondicionalmente el relato de los testigos como verdad revelada.
El gobierno está
condicionado por el examen que Mauricio
Macri habrá de rendir ante los países del G-20, en noviembre del año
próximo, en buena medida parte del futuro de la Argentina depende de ello. Por
lo que al contrario de lo que hizo Kirchner
en la cumbre de Mar del Plata, cuando comenzó a explicarle a George Bush cómo debía ser la política
de los EE.UU. Macri tratará de
mostrar una Argentina en claro proceso de saneamiento republicano luchando
contra el narcotráfico y la corrupción con miras a la integración internacional
y lograr el apoyo de inversiones extranjeras.
Para lograrlo,
aprovechó el disciplinamiento y subordinación de los jueces federales a los
dictados de Lorenzetti[1]
impuesto como políticas de Estado durante el gobierno anterior y pactó su permanencia en el cargo, impunidad
y manejo de los procesos de lesa humanidad, a cambio de poner a la justicia
federal ─inmovilizada durante el kirchnerismo─ a trabajar y dar resultados en
casos de narcotráfico y corrupción.
En este contexto
fueron estériles todas las denuncias de “Lilita” Carrió en contra de Lorenzetti. Era evidente que el
presidente de la Corte había logrado la protección de la conducción del PRO y “Lilita”
se llamó a silencio. Por su parte, al iniciar el año judicial en 2016, Lorenzetti lanzó la nueva política de
Estado: dar batalla al narco y a la corrupción de los agentes del Estado, con
excepción de Odebrecht.
Al comenzar el juicio
ESMA unificada en 2012, el Ministerio
Público Fiscal, representado por Mirna
Goransky, quien había participado en
el tramo anterior, pareció tomar conciencia de las barbaridades jurídicas que
se cometieron, y advirtió al Tribunal
acerca de la nulidad de este juicio.
Naturalmente Goransky fue reemplazada y el proceso
se continuó sustanciando, pues nada detiene este tipo
de debates.
Los juicios de lesa
humanidad deben celebrarse a como dé lugar, porque un show se organiza para el
inicio y otro para celebrar el final. Además, estas causas continúan bloqueando
la justicia federal de manera de asegurar la prescripción de las causas de
corrupción de los funcionarios kirchneristas, eso es parte de la política de
Estado creada por Lorenzetti para
satisfacer las necesidades de Kirchner
y del pacto corporativo de los jueces
federales.
El obrar de la
militancia judicial no es una actividad desconectada de los intereses de los tribunales,
aún pervive el poder remanente de los “comisarios
políticos” de los tribunales federales, que funcionaron durante el
kirchnerismo encargados de filtrar información a los medios, anticipar las
sentencias o las medidas que va a tomar el Tribunal, deslizar la dirección de
un domicilio para uso de los escraches
de la agrupación H.I.J.O.S. o coordinar las actividades para estigmatizar a los
imputados, entre otras actividades
ejecutada en violación a los derechos de éstos.
En el caso del TOF N°5 el “comisario político” es su presidente
y juez de ejecución Daniel Obligado, quien opera en favor de los procesos
de lesa humanidad más allá de sus obligaciones como Juez, gracias a su
vinculación con querellantes como el ególatra y mitómano Carlos Lordkipanidse,
“la formoseña” María Bourdín
(protegida de Lorenzetti), quien se
esmera en producir contenido de los juicios de lesa humanidad para el sitio WEB
de la Corte -CIJ-, así como con periodistas, entre otros, Alejandra Dandán puesta por la ex
SIDE kirchnerista como relatora de los juicios de lesa humanidad en Página12 cuya existencia depende de la
financiación otorgada por el gobierno de
Macri.
De perfil histérico,
obsesivo y manipulador, Obligado
está buscando el favor de Duhalde
para ascender a juez de casación o al TSJ de la CABA, si el gobierno designa a
la jueza Weinberg de Roca como jefa
de fiscales, según las “gargantas
profundas” del tribunal que lo desprecian por sus manipulaciones con el
personal. Recientemente fue denunciado por la extraña e ilegal manera de lograr
la libertad de Esteche poco antes de
la muerte de Nissman. Esteche, condenado a una pena de 4
años, dictada también por el TOF N°5,
tuvo la afortunada intervención de
Obligado, quien organizó junto con Florencia
Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
Universidad de La Plata, un curso telefónico que le permitió a Esteche, titular de la agrupación “Quebracho”
impulsada por la ex SIDE,
acogerse a los beneficios de reducción de pena. El inusual hecho no llamó mayormente
la atención de los otros jueces del tribunal y naturalmente pasó desapercibido para la investigadora de
Página 12 y María Bourdín.
Con el cambio de
gobierno, los jueces Bruglia y Paliotti, quien llegó a esta posición a
“fuerza de romances”, comenzaron a
consolidar posiciones más favorables a los principios del derecho y a imponer
penas más acorde con las sentencias de tribunales internacionales en la
materia.
Así llegaron a
consolidar una lista que puso en evidencia los montos desproporcionados impuestos
por Obligado, siguiendo los
criterios punitivos del kirchnerismo, que duplicaban y triplicaban las penas
impuestas por los otros jueces.
Obligado
maniobró hábilmente, y Alejandra Dandán
advirtió en una nota de Página12, inspirada por Obligado y publicada el domingo anterior a la lectura del
veredicto, que la causa vuelos se caería.
La
estratagema del presidente del Tribunal logró su efecto,
las absoluciones pensadas en un primer momento fueron revisadas y restringidas
por Bruglia y Palliotti, con la finalidad de rechazar las absoluciones de los
pilotos de Prefectura acusados por vuelos, así como la cantidad de prisiones
perpetuas.
El destino de los
pilotos de la Prefectura Naval quedó sellado a la pena de prisión perpetua,
pese al detallado trabajo de la defensa que probó, más allá de toda duda
razonable, que el vuelo por el que fueron imputados no fue tal, por lo cual
surge evidente que Mirian Lewin y el
mitómano del ex piloto de LAPA, Enrique Piñeyro faltaron a la verdad.
Los organismos de
DDHH necesitaban que el veredicto de la causa ESMA estuviese jalonado con más
del 50% de sentencias a prisiones perpetuas, lo que se puso en evidencia por la
cantidad veces que las querellas contaron a los condenados a esa pena, en una
planilla con las fotos de todos los imputados, cada vez que el tribunal
anunciaba una nueva prisión perpetua durante la lectura del veredicto.
La
necesidad de que en la ESMA se dicten severas condenas busca contrarrestar la
tendencia a la baja en los montos de las penas que vienen imponiendo los
tribunales del interior del país.
Empero los jueces del
TOF N°5 no estaban dispuestos a
verse en la obligación de absolver a los pilotos de Prefectura y tener que
pedir, falso testimonio a testigos como Piñeyro
y Miriam Lewin quienes se encargaron
mediáticamente de difundir el engaño de sus afirmaciones, así como exponer al Juez Federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, por acusar
falsamente y a sabiendas a un imputado en causa criminal.
El problema se
originó en la extrema debilidad de la acusación realizada por el Juez Federal Sergio Torres quien pese
disponer de abundante información de marinos que podrían tener alguna
vinculación directa con el tema objeto de investigación optó, gracias a un
impedimento de origen radical, por acusar a pilotos notablemente desvinculados
de los hechos, tal el caso de Julio Poch
acusado por haber realizado un comentario relacionado a los vuelos durante una
posta en la isla de Bali, lo que le valió al juez Torres un viaje a la paradisíaca isla para comprobar “in situ” el escenario de los
acontecimientos y analizar los manjares gastronómicos que habría probado el
acusado.
Lo curioso es que
otro marino que también resultó absuelto por los mismos hechos, llegó a debate
por dichos de terceros acaecidos en Bariloche, empero ello no movilizó al juez
a una comprobación “in situ”, poniendo de manifiesto la preferencia del juez por los destinos
internacionales. Torres, ya había
realizado un periplo por diferentes lugares de Europa a fin de recoger
testimonios de testigos que permitiesen imputar a diferentes marinos. Este juez
no fue el único viajero con cargo al costo del juicio, en el tramo anterior
conocido como ESMA 1270, los secretarios
Mariano Carcione y Victoria Soiza Really viajaron “muy juntos” a Miami y Madrid para
recibir testimonio de testigos que no quisieron viajar a Buenos Aires.
También Obligado suspendió el juicio para
realizar un viaje de “trabajo” y
acompañar a su amada Massimino, a
quien pretendió hacer ingresar a la familia judicial bajo su dominio, a
exóticos seminarios allende Oriente Medio, para luego regresar a su colección
de gatitos que observa obsesivamente durante las audiencias de los juicios,
mientras los testigos deponen intentando llamar la atención del ocupado juez
mientras, los otros jueces, corregían sentencias que le alcanzaban la “novia” de uno de ellos o chateaban por
teléfono, porque si hay un tribunal cariñoso sin duda es el TOF N° 5 de CABA, todos ellos tienen
romances prohibidos. Por supuesto ninguno escuchó los alegatos de las defensas
y dictaron sentencias según sus necesidades políticas, cobardías o veleidades,
como en los juicios estalinistas primero pusieron la pena y luego crearon los
fundamentos que la justifican.
El inicio de la
lectura del veredicto, como en casos anteriores, tuvo su irrupción fotográfica
para garantizar la estigmatización de los imputados pese al pedido de las
defensas de que se respete la obligación del Estado de sustraer a los imputados
de la curiosidad pública, el show se materializó tal como fue programado.
Con la anuencia de Obligado se ubicó a los acusados que
habrían de ser estigmatizados en primera fila y se lanzaron sobre ellos tres
oleadas de quince fotógrafos. Tan agresiva fue la situación que Obligado, para disimular, improvisó una
actuación manifestando su supuesto descontento con lo que estaba ocurriendo.
La sentencia de la
causa ESMA fue un verdadero “esperpento”,
si por justicia se entiende darle a cada uno lo que le corresponde, el
veredicto claramente fue una venganza instrumentada por Obligado como un golpe escénico final de su elección por el
kirchnerismo y la adhesión a las causas de derechos humanos, porque hace rato
que quiere ser recusado para apartarse de lo que ya fue. Su gran “finale” dejó muchas familias desoladas
que ingenuamente esperaban justicia del gobierno
de Macri.
NOTA:
Los destacados no corresponden a la nota original.
[1] Ex
integrante de Montoneros conocido por su alias: “el Mono”. Actual presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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