"No
basta con ser patriota, también hay que acertar".
Manuel Azaña
La actual y, tal vez,
transitoria tranquilidad de la economía y de la política me permiten hoy hablar
de los problemas más graves y permanentes del país, en especial de uno al cual,
de no encontrársele una solución a largo plazo, veremos crecer y complicar más
aún nuestra evolución histórica como sociedad.
Me refiero tanto a la
pobreza estructural, que ha castigado desde hace décadas a un enorme porcentaje
de habitantes del Conurbano, cuanto a la complicación social y política
derivada de la colosal concentración de esos marginados, y por eso fáciles
presas del clientelismo más abyecto, alrededor de Buenos Aires, aunque afecta
también a otras grandes ciudades, como Rosario o Mar del Plata.
Es cierto que la
reciente y fortísima devaluación, y el consecuente incremento de la inflación,
obligan al Gobierno a adoptar medidas coyunturales que permitan no sólo
tranquilizar la inquietud social, expuesta en numerosos episodios de nuestro
pasado, sino hasta garantizar la supervivencia de muchos niños y hasta de
familias enteras; pero esas medidas, sobre todo los subsidios y los planes,
deberían ser precisamente eso, remedios excepcionales para situaciones agudas,
y no transformarse, como ha sido, en una terapia crónica, que sólo sirve para
mantener en la miseria y la marginalidad a quienes los reciben, ya que éstos
tampoco son obligados, en la práctica, a trabajar o a atender a la salud y a la
educación de sus hijos.
Me parece que es hora
de que una de las mejores funcionarias de las que dispone el Presidente
Mauricio Macri -me refiero a Carolina Stanley, la excelente y comprometida
Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación- desdoble una vez más su
gabinete de asesores. Quiero decir con ello que, además de ocuparse de las
incumbencias sanitarias y de negociar con las organizaciones sociales los
crecientes sistemas de apoyo nacional a quienes, de un modo u otro, se han
caído del mapa económico, destaque un equipo a pensar, a mediano plazo, en
mejorar el futuro, es decir, actuar simultáneamente sobre la reinserción
laboral de los afectados y, a la vez, sobre la redistribución geográfica de los
mismos, en un país casi desierto.
Porque resulta de
todo punto de vista injusto, y hasta criminal, que se siga desperdiciando tal
enorme cantidad de dinero, que se extrae sólo de las actividades productivas y
de los confiscatorios impuestos que pagan los ciudadanos que tributan
(castigando así al desarrollo de la economía, al empleo registrado y al
consumo) y de la ANSES, perjudicando aún más a los ya tan empobrecidos
jubilados, sin tocar ni un pelo de la estructura del gigantesco Estado.
Mientras así se siga haciendo, el perro continuará mordiéndose la cola.
El gasto social, como
está orientado actualmente, producto del diseño clientelar del peronismo,
convierte a la Argentina en un país absolutamente inviable, en un mundo que se
hartó de prestarnos divisas para que las dilapidáramos.
En primer término, resulta
indispensable terminar con las llamadas "jubilaciones
de privilegio", de las que gozan tantos ex funcionarios y
legisladores, ya que constituyen un factor innegablemente irritante para una
sociedad que se ve obligada a apretarse mucho el cinturón y que ve recaer
diariamente en la pobreza a muchos que habían conseguido salir de ella; éstos,
como es natural, son víctimas de un resentimiento que puede transformarse en un
peligrosísimo caldo de cultivo para cualquier aventura destituyente.
Para solucionar todos
esos problemas, sugiero que, tan pronto superemos diciembre, un mes clave si
los hay para esta situación, comencemos a construir un círculo virtuoso,
destinando parte del gasto, hoy improductivo, y con la colaboración e
interacción de capitales privados, a la construcción de viviendas sociales,
escuelas y centros de salud en el interior del país, en especial en aquellos
lugares donde la fuerte devaluación ha incrementado la posibilidad de exportar
productos de todo tipo y en los cuales falta notoriamente mano de obra.
Entonces, y sólo entonces, resultará posible exigir a los beneficiarios de esa
mal entendida, y mal encarada, caridad el cumplimiento de los requisitos y
contraprestaciones que la propia ley originalmente les imponía y que hoy han sido
olvidados.
Las ventajas de las
acciones de este tipo son tan claras que casi resulta superfluo enumerarlas:
mejoramiento en la calidad de vida, crecimiento de la actividad industrial y
agropecuaria, generación de empleo legal, solución del problema habitacional,
reinserción laboral de los beneficiados, incremento del consumo, acceso al agua
potable y las cloacas, elevación del nivel socio-económico, disminución en la
conflictividad social, efectiva escolarización y control sanitario de los
niños, reducción significativa en la dependencia del gasto público, etc.
Los mecanismos para
llegar al principio de ese camino de beneficios ya existen (fideicomisos
público-privados) y, además, los proyectos de este tipo son beneficiados por
fondos internacionales que se encuentran a disposición, muchos de ellos podrían
recibirse bajo la forma de verdaderas donaciones de los organismos
multilaterales para el desarrollo, como BID, CAF, etc.
La radicación de
familias en las provincias del interior del país, que sin duda serían atraídas
por la posibilidad concreta de mejores ingresos, vivienda digna y un futuro
mejor para sus hijos, permitiría descomprimir muchas de las actuales villas de
emergencia, donde conviven una mayoría de pobres pero dignos ciudadanos con el
delito y la droga de unos pocos. A cualquiera que dude de esta afirmación le
planteo una simple comparación: cuántos son los concurrentes a las marchas y
piquetes, que tanto complican la vida en nuestras ciudades, con los cientos de
miles de habitantes de esos asentamientos que, supuestamente, padecen los
mismos males y sufren idénticas carencias.
La Iglesia Católica,
que ha decidido mezclar, sin ton ni son, las cosas de Dios con las del César
(por ejemplo, cuando opina sobre los acuerdos con el FMI) debería contribuir
eficazmente a difundir estas propuestas, salvo que sus intereses terrenales e
ideológicos actuales pasen exclusivamente por potenciar la conflictividad
social y desestabilizar al Gobierno, a través de sus distintos voceros, sean
obispos o pseudo dirigentes sociales. Por lo demás, si actuara positivamente,
con seguridad contaría con la tan importante y necesaria colaboración de los
evangelistas y del resto de las comunidades religiosas de otros credos.
Esta nota puede sonar
grandilocuente, pero la escribí con la sana aspiración de dejar a nuestros
descendientes un país viable y confiable, absolutamente mejor que éste al cual,
con tanto esfuerzo y dedicación, nos hemos dedicado a destruir hasta los
cimientos. Confío en que así se entenderá.
Bs.As., 8 Sep 18
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
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