Pablo
Mendelevich
PARA
LA NACION
El
gobierno estereofónico de la coalición peronista-kirchnerista, que no en vano
se llama Frente de Todos, emitió a comienzos de este mes en Europa y en Cuba,
como se sabe, sendos posicionamientos oficiales sobre la deuda. Mientras el
presidente arrullaba a líderes europeos para que difuminasen piedad con la
Argentina en el directorio del FMI, desde La Habana la vicepresidenta zamarreaba
al organismo internacional y acusaba a sus directivos de violadores del propio
reglamento.
Como
la deuda es hoy el tema más importante que hay, por lo menos para el gobierno,
quedaron soslayadas otras cuestiones planteadas durante la inédita gira simultánea
de los Fernández. Es el caso del
proyecto de ley sobre memoria obligatoria anunciado en París.
Mientras
Alberto Fernández, rodeado de
franceses que padecieron sinsabores de la postguerra como el neonazismo, prometía
una ley contra el negacionismo argentino, Cristina Fernández negaba en Cuba, como ya lo había hecho tantas
veces desde el atril de la Casa Rosada, la existencia del gobierno de Isabel Perón (1974-76), casualmente gestante del terrorismo de estado que
derivó en los crímenes de lesa humanidad.
Obligar
a los argentinos a referirse al pasado de determinada manera parece en el
contexto actual, al que el gobierno define como catastrófico, un asunto
extemporáneo. Pero quien lo planteó en París fue el mismísimo presidente de la
Nación que, además, lo consideraría urgente, acaso porque llega dentro de poco
más de un mes el 24 de marzo. Es
posible que el proyecto de ley contra el
negacionismo irrumpa, pues, bajo la forma de un debate exprés en ambas
cámaras. Aprobar un tema así en ese feriado nacional no sería mala idea desde
el punto de vista emotivo. Cobraría valor simbólico, tendría impacto incluso a
nivel mundial. ¿Pero tributaría ello a la costumbre de amplificar efemérides
mediante normas alusivas llamadas a marcar agenda o en realidad se aprovecharía
la fecha de alta sensibilidad para inhibir un debate más profundo respecto de
qué es exactamente lo que los argentinos no deben negar? Conviene recordar que
en la provincia de Buenos Aires está vigente desde 2017 una ley por la que es
obligatorio a nivel oficial hablar de treinta mil detenidos-desaparecidos. Para
referirse a la última dictadura los bonaerenses deben decir "dictadura
cívico-militar". En algunos sectores del gobierno nacional la idea ahora
es ir bastante más lejos que en la ley provincial.
Una
comparación irrestricta de la represión ilegal argentina con el Holocausto
siempre es controversial. En el concierto internacional uno de los mayores
negacionistas fue el régimen teocrático de Irán, con el cual el kirchnerismo
intentó compartir la tarea de administrar justicia
Desde
que el primer kirchnerismo instauró el día
del golpe como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia un
amplio sector de la sociedad renueva cada año en ese momento el duelo por los
desaparecidos o amalgama el duelo con consignas políticas en actos que suelen
ser muy masivos. Es una oportunidad más emotiva e ideológica que reflexiva, lo
cual no parece facilitar acuerdos plurales sobre lo que significa importar de
Europa la figura del negacionismo.
Aunque
la palabra está a priori asociada con la negación del Holocausto y representa un comportamiento abominable, su
significado puede ser expandido para un lado u otro. Huelga decir que una
comparación irrestricta de la represión ilegal argentina con el Holocausto
siempre es controversial. En el concierto internacional uno de los mayores negacionistas fue el régimen teocrático de Irán, con
el cual el kirchnerismo intentó compartir en su momento la tarea de administrar
justicia. Pero el caso que mejor previene contra la malversación de los
instrumentos antinegacionistas tal vez sea el de Polonia, donde se aprobó una
ley, en 2018, que castiga con tres años de cárcel a quien para referirse a los
campos de concentración montados por los nazis en Polonia, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, diga
que hubo "campos de concentración
polacos". La ley también prohíbe hablar -no solo a los polacos,
pretende domesticar a cualquier persona en el mundo- de complicidad polaca con
los nazis. Si se quiere saber qué pasa cuando un gobierno reescribe la historia
a su gusto y obliga a uniformarse bajo sus interpretaciones tendenciosas, ver
Polonia. Allí la ley de 2018 acercó tensiones internacionales, no se sabe si
consiguió reeducar a los polacos ni si consiguió dominar resabios de culpas.
Pero
en la Argentina el gran tema del pasado traumático se refiere en cierto modo a
los bordes. Tanto de períodos considerados (recuérdese que antes del 24 de marzo de 1976 hubo más de 500 desapariciones y
asesinatos) como de víctimas, victimarios, glorificaciones, grupos
sociales. De manera paradojal lo que acá se parceló fue el concepto de derechos
humanos, que deben ser antes que nada universales y no lo son. Por eso la
reescritura de la historia bajo inspiraciones ideologizadas, a la que tan
afecto fue el kirchnerismo anterior, resplandece cuando se busca algo así, no
repensar sobre los setenta sino legislar, que de eso se trata.
Abolir
el pésimo gobierno de Isabel Perón supone sacar de la historia a López Rega y,
obviamente, evitar la discusión sobre la responsabilidad de Perón en la
creación de la Triple A, misterio que en el campo historiográfico se encuentra
bastante más esclarecido que en el peronismo
Si
estuviera vigente una ley, redactada quién sabe cómo, contra la negación
intencional del período tenebroso de la Argentina setentista, ¿sería punible
Cristina Fernández por sostener mediante elipsis, como hace siempre, que Isabel
Perón jamás existió? El 7 de febrero en La Habana, al volver con el asunto
ramplón de que debían llamarla presidenta y no presidente, Cristina Kirchner se
mostró misericordiosa con el equívoco, dado que a ella le tocó, dijo,
desempeñar un cargo al que "nunca antes había accedido una mujer en la
Argentina". Ningún cubano de los cientos que la escuchaban, desde luego,
levantó la mano para preguntarle por qué el Guiness de los récords menciona a
Isabel Perón y no a ella como primera jefa de Estado de un país americano.
Podría
pensarse que la insólita extinción fulminante de la presidencia de Isabel Perón
equivale a suprimir cualquier trozo de historia que desmerezca al disertante.
Pero acá hay bastante más que anhelo de primacía o egolatría color bronce. Abolir
el pésimo gobierno de Isabel Perón supone sacar de la historia a José López
Rega y, obviamente, evitar la discusión sobre la responsabilidad de Perón en la
creación de la Triple A, misterio que en el campo historiográfico se encuentra
bastante más esclarecido que en el peronismo.
Jean-Marie Le Pen,
el líder ultraderechista que por sus exabruptos terminó expulsado de su propio
partido (heredado por su hija), llegó a ser votado en 2002 en primera vuelta
por cerca del 17 por ciento de los franceses, si bien un rotundo triunfo de Jacques Chirac en el ballottage encarriló a Francia luego del sofocón
totalitario. Le Pen sufrió varias condenas por negacionista, por ejemplo por
afirmar que las cámaras de gas no existieron. En la Argentina no se identifica
hoy un sector orgánico de peso, más allá de algunas voces aisladas o
expresiones residuales de los encausados, que niegue las atrocidades hechas por
militares durante la represión ilegal. Hoy no existe. Pero ayer sí existió.
Italo Luder,
candidato a presidente por el Partido Justicialista, llevó a las elecciones de
octubre de 1983 la consigna de dar por válida la ley de autoamnistía que había
promulgado el general Reynaldo Bignone
un mes antes. Esa ley hubiera extinguido todas las acciones penales por delitos
cometidos (atención con la primera fecha) desde el 25 de mayo de 1973 hasta el
17 de junio de 1982. En los hechos significaba convalidar el olvido de manera
institucional y definitiva, la negación lisa y llana, no de una parte sino de
todo lo ocurrido durante la represión ilegal, desde Cámpora hasta Galtieri.
Como
las elecciones las ganó Raúl Alfonsín,
la primera ley que aprobó el Congreso en la democracia reinstaurada fue la
23.040, consagrada a derogar la autoamnistía, prolegómeno del juicio a las
juntas militares que el peronismo boicoteó todo lo que pudo. No solo ningún
dirigente peronista gravitante fue a presenciar el juicio (cosa que hasta
Borges hizo) sino que el PJ rechazó el ofrecimiento de Alfonsín para integrar
la Conadep. Es extraño que el peronismo, krichnerismo incluido, amnésico,
olvidadizo de sus enardecidas posturas de 1983 en contra de lo que ahora llama
de manera ardiente derechos humanos, quiera hacer una ley para encontrar a los
negacionistas donde quiera que estén.
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