El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma
piedra, capaz de repetir errores, situaciones que lo dañan y lastiman. En
nuestro país repetimos errores de un pasado, que no se nos permite dejar atrás y
para poder mirar un futuro promisorio, el que debemos construir partiendo casi
desde cero… Una vez más.
¿Hasta cuando seguiremos
tropezando con esa piedra? Los “colectivos” de hombres y mujeres que viven de la política y la
militancia, de sindicalistas eternizados en su podio de poder y corrupción, de los
derechos humanos para algunos y el resto que se jodan. ¿Hasta cuándo?
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| Ya son 564 los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles muertos privados de su libertad |
Una vez más la arbitraria y discriminación judicial que mantiene en
prisión a hombres, que no son delincuentes comunes, son los verdaderos Presos Políticos ignorados
por todo el mundo. No somos personas del derecho, tal vez el señor presidente
de la Nación -que es profesor adjunto de la cátedra “Teoría General del Delito y del Sistema de la Pena”- pueda explicar al pueblo que gobierna las
siguientes dudas que dejamos planteadas:
¿Cuál es la causa por la que se mantiene injustamente privados de su
libertad, a las personas que en la década del '70 defendieron a la República
Argentina, de la toma del poder absoluto a través de la violencia de las
organizaciones político-militares? A pesar que existen numerosas denuncias ante
organismos nacionales e internacionales de que los llamados “juicios de lesa humanidad” están
plagados de “irregularidades
jurídicas”
¿Por qué el estado no se ocupó de cumplir su obligación
constitucional de garantizar el debido proceso en estas causas?
¿Por qué a estas personas no se les cumple el artículo 18 de la
Constitución Nacional Argentina?
¿Por qué a estas personas no se les aplica el derecho de la ley
igualitaria?
Para no tropezar más con la misma piedra estamos peticionando, ante
el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se
efectúe una Auditoría Jurídica sobre lo actuado en los mencionados juicios de “lesa humanidad”, en el que las
partes designen a intachables peritos judiciales para que emitan un dictamen… caiga
cara o cruz, la justicia, las partes y la sociedad toda deberán aceptar y
cumplir ese resultado. Sería lo más sano
para el bien común.
APRENDER DEL PASADO
Aunque parezcan tan solo un extravío político y judicial, las indiscriminadas liberaciones de presos podrían anticipar la repetición de trágicos hechos
A partir de la aparición
de la guerrilla revolucionaria en la Argentina durante el gobierno democrático
de Arturo Frondizi, en 1959, su delictivo accionar fue reprimido en el marco de la ley por los
Juzgados Federales de Sección, tanto en tiempos de gobiernos civiles como
militares. Fue en 1971 cuando, ante la violencia armada que desataron
distintos grupos guerrilleros, esos juzgados quedaron desbordados y el gobierno de facto de Alejandro Agustín
Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación[1].
En poco más de un año y medio, este tribunal había sustanciado casi
9000 causas, procesado a alrededor de 2000 personas y condenado a casi 600, que
pasaron a cumplir penas de prisión en distintas cárceles. Entre ellas se contaban los principales dirigentes y numerosos
combatientes de las organizaciones terroristas de la época, entre las cuales se
destacaban el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la agrupación
Montoneros.
Cuando los militares entregaron el poder a Héctor Cámpora, el 25 de
mayo de 1973, la primera decisión del
nuevo presidente fue excarcelar a un gran número de condenados, incluidos
violadores, narcotraficantes, ladrones y asesinos, además de los terroristas.
Sin indulto ni amnistía, la historia registra que ganaron caóticamente la calle
a medianoche por la presión de una marcha de organizaciones de izquierda hacia
la cárcel de Devoto, ya tomada por más de 200 guerrilleros, en un episodio que
se conoció como el “devotazo”. Se trató de un aval político a la violencia
terrorista, que se prolongaría hasta fines de aquella década.
“Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos”, era la consigna revolucionaria y la promesa de Cámpora. La amnistía se formalizaría recién tres
días más tarde, con la aprobación por amplia mayoría de votos del Congreso de
la Nación. Unos días después, ambas cámaras legislativas disolverían el
tribunal penal y derogarían la legislación antiterrorista vigente, hecho
que fue celebrado con aplausos y con la entonación del Himno Nacional.
Los presos liberados no
tardaron en retornar a sus organizaciones político-militares para enfrentar con
armas al propio gobierno peronista que sucedió al que los había dejado en
libertad, tal como ellos mismos habían anunciado.
Su intención no era otra que continuar dirigiendo ataques contra las “empresas imperialistas y el ejército
opresor”, con el fin de golpear y desgastar al “enemigo” hasta lograr las condiciones para “asaltar el poder y establecer
el gobierno revolucionario obrero y popular”. Y cumplieron, a sangre y
fuego. El
período de máxima violencia de los amnistiados, integrantes del ERP, Montoneros
y otras organizaciones guerrilleras, sucedió
entre mayo de 1973 y marzo de 1976, durante los gobiernos constitucionales de
Cámpora, Juan Domingo Perón y su viuda, María Estela Martínez de Perón, y se cobró las vidas
de más de mil víctimas del terrorismo.
Entre ellos, un lugar especial ocupa el el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación, integrante de aquella Cámara Federal Penal que se atrevió a juzgar a los terroristas.
Resultó asesinado en 1974 de 14 disparos efectuados por dos integrantes del ERP
montados en una motocicleta que, identificada, condujo a la detención de Raúl Argemí y Marino Amador Fernández,
a quienes se condenó por asociación ilícita, tenencia de armas de guerra,
acopio de munición y uso de documentación falsa. Dos décadas después, ambos,
aún vivos, fueron indemnizados al amparo de la ley reparatoria 24.043,
sancionada en 1991: Argemí, con un monto
que, actualizado por inflación, rondaría hoy los 12 millones de pesos, y Amador
Fernández, con lo que hoy equivaldría a 13 millones de pesos. En cambio, la única placa que
homenajeaba al valiente juez en el frente del edificio de la calle Viamonte
donde funcionaba el tribunal fue retirada en 2012, durante el gobierno
kirchnerista.
Otro integrante de aquel tribunal fue baleado en las piernas y un
tercero salvó su vida de casualidad, a raíz de lo cual los ocho magistrados
sobrevivientes se vieron obligados a exiliarse con sus familias.
Los trágicos efectos de la amnistía de 1973 y la derogación de leyes
antiterroristas fueron determinantes tanto en la decisión de Perón y su viuda
como en la de los militares que la derrocaron de pasar a combatir a las
organizaciones guerrilleras en forma ilegal.
El último informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2015
habla por sí solo. A partir de tan irresponsable amnistía, durante el gobierno
peronista, hubo, en casi tres años, 631 desaparecidos y 514 muertos, mientras
que, en los casi ocho años de la última dictadura militar, según el mismo
informe, se contabilizan 6447 desaparecidos y 754 muertos.
Aquellos hechos de un
pasado trágico parecen reeditarse, una vez más, en el presente. Funcionarios
del actual gobierno conmocionaron la agenda pública con acciones que solo
pueden explicarse a partir de su clara ideología setentista.
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| Horacio Pietragalla |
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hijo de dos combatientes montoneros, gestionó
la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción; de Martín Báez, procesado por lavado de dinero y otros delitos
económicos, y de Luis D'Elía,
condenado por tomar una comisaría.
Tan injustificada como enojosa medida dio lugar a reclamos de
infinidad de delincuentes comunes de todo el país y a revueltas violentas en
algunos penales, como el de Devoto.
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| Roberto Cipriano García |
Roberto Cipriano García integra la Comisión por la
Memoria de la Provincia de Buenos Aires, organismo dedicado al patrullaje
ideológico y a la militancia antisistema que los contribuyentes de una
provincia quebrada pagan de sus bolsillos. Recordemos que esa comisión, a
pedido del juez federal de Dolores, Alejo
Ramos Padilla, otro militante kirchnerista, presentó un informe, en 2019,
en el que identificaba supuestas
operaciones de acción psicológica por parte de periodistas, en un tan
flagrante como vergonzoso ataque a la prensa independiente, cuya única
finalidad era perjudicar los avances de la causa de los cuadernos de las
coimas.
Días atrás, y en línea con Pietragalla,
García en persona recorría los
penales instando a los presos a
presentar recursos de amparo. “El objetivo de la Comisión por
la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas
detenidas posible. Han bajado desde enero unos 2100 detenidos. No alcanza, es
poco, hay que sacar más”, afirma peligrosamente.
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| Graciana Peñafort |
Por su parte, Graciana
Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y defensora legal de Cristina Fernández de Kirchner y de Amado Boudou
en causas de corrupción, amenazó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. En
tuits de su autoría, expresó: “Vamos a escribir la
historia con sangre o con razones”. Y recomendó fijarnos “de qué
lado de la mecha estamos”.
Lo que debió superar ampliamente el mero escándalo político para
derivar por sobradas razones en la expulsión de su cargo y su procesamiento por
amenazas e incitación a la violencia no pasó a mayores en medio de una anomia
ciudadana frente a cuestiones ligadas a preocupaciones propias de un tiempo de
pandemia. Hemos de llamar la atención, precisamente por ello, respecto de los
peligros que este tipo de amenazas encierran y los impredecibles riesgos de continuar violando la sana división de
poderes que establece la Constitución. La historia nos enseña que, en un
contexto de masivas liberaciones de presos en el marco de un incierto proyecto
político que ya hizo sonar muchas cacerolas, episodios como los del crimen del juez Quiroga también podrían repetirse.
Lo que hoy puede parecer solo un impropio extravío puede ser anticipo de
trágicos hechos si no alzamos la voz para denunciarlos. Simple ejercicio de
memoria.
NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota
original.
[1] Se crea la Cámara Federal Penal
de la Nación, porque los juzgados federales estaban desbordados e impotentes
para hacer frente a la violencia armada. Imaginada por el ministro de Justicia,
Jaime Perriaux, dicha Cámara estaba
compuesta por tres salas, integradas cada una por tres jueces probos de demostrada
formación jurídica. ninguno de los nueve jueces era un improvisado. Cargaban en
sus espaldas largos años en el foro judicial. Los jueces fueron: Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos
Enrique Malbrán (Sala 1); César
Black, Eduardo Munilla Lacasa y Jaime Smart (Sala 2); Tomás
Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban
Vergara), Jorge Vicente Quiroga
y Mario Fernández Badesich (Sala 3).
A su vez, cada juzgado tenía un secretario y su respectivo fiscal, además del
necesario personal judicial.
Dos hechos
promovieron la formación de esta Cámara: el copamiento de la localidad de Garín
por comandos de las FAR, el 30 de julio de 1970, y el asalto a un camión del
Ejército en el que es ejecutado el teniente Mario César Azúa y herido el soldado Hugo Alberto Vacca, en
abril de 1971.
De esa
Cámara un juez fue asesinado (Dr.
Quiroga), hoy otro es un Preso Político (Dr. Smart) y algunos debieron exiliarse.
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