martes, 15 de marzo de 2016

40 AÑOS ¿NO ES NADA?

por Santiago Floresa


Si bien ya en tiempos del Presidente Frondizi el terrorismo había comenzado con el crimen  perpetrado por los "Uturuncos" por medio de una bomba que mató a una niña de tres años e hirió a sus hermanitos, no tendría mayor actuación hasta los setenta, con el asesinato del General Aramburu. Vuelto Perón con ideas de reconciliación, en pocos días Montoneros le "tiró" el cadáver del sindicalista José Rucci en la mesa de las negociaciones por espacios de poder (jocosamente bautizaron el crímen "Operación Traviata", por los 23 agujeritos de la publicidad de la galletita Traviata).


Luego de la acción terrorista de Azul, el general Perón instó a las FFAA y FFSS a buscar y exterminar "a estos psicópatas, uno por uno", y muerto el viejo líder el Gobierno de Isabel Perón firma el famoso decreto de aniquilamiento del acccionar subversivo. El gobierno había elegido de los tres planes expuestos por el General Videla, el más rápido y cruento.


Empieza entonces la escalada de la contraofensiva de las FFAA y FFSS de la Nación, cuyos máximos responsables fueron la Comandante en Jefe de las FFAA y Presidente Doña María Estela Martínez, los ministros de Defensa y de Seguridad, los Comandantes de las tres Fuerzas, y de alguna manera por acción u omisión, las máximas autoridades del Poder Legislativo y Judicial.

Cuando en el verano de 1975 el caos del país resulta insostenible, y el Dr. Luder -entre otros-se opone a la salida institucional y democrática que implicaba el juicio político a la Presidente, lo que sostenían algunos como el Diputado por Córdoba Palacio Deheza, llega el golpe del 24 de Marzo de 1976. Los jóvenes deberían leer los diarios y actas del Congreso de entonces para formar su juicio sobre acontecimientos tan complejos; muchos políticos, intelectuales y medios de comunicación -que parecen haber perdido la memoria-apoyaron entonces el gobierno de facto.


El plan de la contraofensiva continuó lamentablemente de la misma forma en  la que se había iniciado, con los métodos aconsejados desde el extranjero para llevar la guerra sucia, entrando en el inescrupuloso y pragmático terreno elegido por las bandas terroristas, para las cuáles las muertes (probablemente 1.000.000 serían necesarias según el Comandante del ERP), los secuestros, los robos, y las torturas, estaban justificados para llegar a la Patria Socialista.


Al cabo de 40 años, por una suerte de prestidigitación alevosamente cínica (y chanta como corresponde a estas latitudes de "vivezas criollas"), resulta que: 1) Los guerilleros fueron una especie de ángeles idealistas que merecen homenaje, indemnización, e imitación. Todos libres y muchos en convertidos en prósperos funcionarios, cuando no en maestros de Derechos Humanos. 2) Las máximas autoridades que urdieron el plan de represión, comenzando por la Comandante en Jefe, sus Ministros, y los integrantes de los tres poderes, que utilizando las expresiones de los actuales jueces prevaricadores "no podían desconocer lo que estaba sucediendo", no recibieron ninguna sanción ni limitación de su libertad. 3) Los Comandantes de la Armada y del Ejército fallecieron en prisión. 4) Los chivos expiatorios de "los años de plomo" permanecen en prisión, siendo en su gran mayoría jóvenes oficiales o suboficiales de las FFAA y FFSS cuya función se limitaba al cumplimiento de las órdenes del superior, según principio milenario de doctrina castrense. Para lograr su prisión debieron anularse ilegalmente indultos, amnistías, y  principios universales de legalidad. 5) Repetidamente se ha negado el Estado hacer pública la nómina de los beneficiados por las jugosas indemnizaciones, lo que da pie a suponer que debe haber un negociado gigantesco detrás de ellas.

Tenemos la esperanza de que recuperemos en este país la seriedad y los mínimos principios de ética, para contar la historia sin deformaciones intencionadas para manipular a las masas de acuerdo  a  las pasiones -y/u otras conveniencias- de las personas que ejercen en los máximos poderes del Estado Nacional.

Santigo Floresa
Juncal al 1800
Capital Federal

lunes, 14 de marzo de 2016

JUSTICIA, NO VENGANZA


Adhiero totalmente a lo expresado en las cartas de Luz García Hamilton y de Eugenia Brizuela, cuyos testimonios me llevan a preguntarme con desconcierto y dolor: ¿qué nos está pasando a los argentinos? ¿No hemos sufrido lo suficiente durante los 70 como para aprender que la violencia trae violencia y que la injusticia genera resentimiento? No es cuestión de tomar partido por un bando o por el otro, sino de hacer justicia con estricto respeto al espíritu de la ley, como vía superadora de tan doloroso conflicto. Si bien no estoy en condiciones de juzgar si son pertinentes los procesamientos aludidos en ambas cartas, ¿cómo es posible que en el tribunal que juzga a los procesados del Operativo Independencia haya personas que son parte del conflicto o, que un anciano de 88 años sea retirado de su vivienda, donde cumplía prisión domiciliaria, y llevado a una cárcel común, cuando la Constitución lo prohíbe específicamente? ¿No hay un fiscal ni representante de derechos humanos que reaccione ante esto?

Cualquier ciudadano, por más aberrante que haya sido el delito cometido, tiene derecho a recibir un juicio justo ante la ley. Hace rato que leo los reclamos de familiares de detenidos esperando juicios o de condenados en situaciones inhumanas, pero, no escucho que ningún gobernante tome cartas en el asunto. Si realmente queremos pacificar el país, deberíamos revisar esos procedimientos y todos los que estén viciados de irregularidades que lleven a sospechar que en nombre de la justicia se estén encubriendo intenciones de venganza.

María Emilia Holmberg
DNI 10.851.118

domingo, 13 de marzo de 2016

ESPEJO DEFORMANTE


"... desvistiendo a tipos supuestamente intachables,
derribándolos de sus pedestales y
haciéndoles pagar por sus crímenes,
su soberbia, por el abuso de las potestades
que se habían arrogado y
gracias a las cuales podían
hasta aplastar destinos".
Leonardo Padura

Brasil se proyecta, sobre la Argentina y, en especial, sobre el Calafate, como un espejo que deforma el "relato" de la larga noche kirchnerista, ofrece una siniestra comparación entre las justicias de ambos países y, sin duda, anticipa nuestro futuro.


Aunque nadie lo confiese, las noticias con que nuestro vecino se regala un presente de decencia y de transparencia son terriblemente preocupantes para quienes aquí, desde la función pública o la actividad privada, se enriquecieron durante la "década-ganada-por-tan-pocos". La apertura del proceso contra Luiz Inácio Lula da Silva y su familia, que incluye el pedido de detención, y las severas condenas que, en el marco de la operación "Petrolão", recibieron Marcelo Odebrecht, Presidente de la mayor constructora de la región, varios de sus colegas, decenas de sus ejecutivos y funcionarios públicos de todo nivel, señalan la llegada de una ola que está recorriendo toda América del Sur y está llevando a la cloaca de la historia a los populismos regionales.

Un millón y medio de manifestantes coparon las calles de las
principales ciudades de Brasil y marcharon contra Dilma Rousseff

El duro castigo obedeció a haberse probado que las compañías, además de "cartelizar" las ofertas en las licitaciones de Petrobras, habían distribuido sobornos entre innumerables empleados jerárquicos de la compañía estatal para obtener contratos, retornos que luego subían por la línea de mando hasta llegar a la cúpula del Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula y Dilma Rousseff, ésta cada vez más cerca de la destitución, y sirvieron para la financiación ilegal de sus campañas, amén de llenar las cajas de seguridad bancarias de muchos. Para tener una idea de la magnitud del "Petrolão" baste recordar que un solo gerente de Petrobras devolvió ¡cien millones de dólares! con su delación premiada y, aún así, fue condenado a doce años de prisión.

João Santana

Por idénticas razones, están presos João Santana, publicitario artífice de los sucesivos triunfos de ambos, y una larga lista de importantísimos senadores y diputados federales y estaduales, gobernadores, intendentes, jerarcas del PT, etc. y, en la cárcel, comparten las celdas con anteriores condenados, sobre todo Jose Dirceu, ex Jefe de Gabinete de Lula, éstos por otra investigación penal, el "Mensalão", relacionada con las compras de votos en ambas cámaras para la aprobación de los proyectos de ley.


Las investigaciones de corrupción continúan a toda marcha en varios países, como Estados Unidos, Uruguay y Suiza, y algunas de ellas involucran a ex funcionarios argentinos relevantes: Julio de Vido, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, Mariano Recalde, Anímal Fernández, Roberto Dromi, ninguno de los cuales movía un dedo sin orden expresa de los Kirchner, y a empresarios como Cristóbal López y Gerardo Ferreyra, por temas tales como la compra de aviones, los delitos en la FIFA, la venta de Transener, la compra de campos, el movimiento de fondos sucios a través de los sistemas bancarios, el lavado de dinero y la inexplicable riqueza de tantos; todos continúan en libertad, pese a encontrarse aquí algunos condenados por crímenes gravísimos.


Todo eso pudo suceder por la vigencia de la figura del arrepentido que, para reducir su propia pena, está dispuesto a denunciar a otros involucrados, aportando las pruebas necesarias para avanzar; como parte del acuerdo entre los reos y los jueces y fiscales, aquéllos también deben entregar lo robado. Tan pronto termine la discusión parlamentaria sobre la solución del tema de los holdouts, el Presidente Macri enviará al Congreso un proyecto para crear aquí esa figura, incluyendo la confiscación inmediata de los bienes mal habidos.


Ha trascendido que el PJ prestará su apoyo a la iniciativa sólo para algunos delitos pero no habilitándola para las investigaciones por corrupción y lavado de dinero, que es donde más se necesita; la razón es obvia, ya que muchos de los actuales legisladores han sido, recientemente, funcionarios ejecutivos en sus respectivas provincias o en la administración nacional y saben que crear un instrumento así haría peligrar sus fortunas y sus libertades. Será responsabilidad de la sociedad civil presionar para que sancione rápidamente la norma, que permitirá avanzar en el combate contra este flagelo antes que las acciones penales prescriban, y del Consejo de la Magistratura informar a todos los jueces federales que castigará severamente cualquier injustificada dilación en las investigaciones y en los procesos; la citación al desprestigiadísimo Juez Oyarbide, por mal desempeño, es un buen comienzo.


Un punto aún no analizado suficientemente es la repercusión que los hechos pueden tener sobre la paz ciudadana. Mientras Lula convoca a sus militantes a blindar su libertad en la calle, una mayoritaria porción de los brasileños se ha citado para manifestarse en todo el país hoy mismo; la magnitud del éxito de la convocatoria puede estimarse al verificar que seis millones de personas ya han comprometido, en Facebook, su asistencia. Aquí podría suceder algo parecido -y el Gobierno deberá estar preparado- cuando doña Cristina comparezca a prestar declaración indagatoria ante el Juez Claudio Bonadío; aunque el antiguo poder de su ¿Frente para la Qué? se diluye con una pasmosa celeridad, lo cierto es que podría poner en las puertas de Comodoro Py más de cien mil violentos energúmenos.

Volviendo al Poder Legislativo, la semana trajo novedades positivas para la democracia. Me refiero a que, dado que ninguno de los partidos tiene mayorías propias, han renacido en él la discusión y la negociación de los proyectos, que durante la extendida década pasada habían desaparecido por la fuerza de cerebros cerrados y brazos enyesados.

Ese nuevo escenario político deberá ponerse las pilas para terminar con el mayor problema que afecta a nuestra economía: la inflación, originada en el monstruoso déficit de 7% del PBI y la gigantesca emisión monetaria, remedio que encontró el genial Axel Kiciloff para financiarlo. Deberá darle al Ejecutivo los medios necesarios para lograr que comiencen a llegar inversiones productivas que, además de aumentar la oferta de bienes y, consecuentemente, reducir el precio de los mismos; seguramente, comenzarán por créditos de los organismos multilaterales, que se destinarán a la infraestructura y generarán empleo genuino. La sociedad no puede soportar más ese verdadero impuesto encubierto, que tanto merma el poder adquisitivo del salario, pero tampoco permanecerá impávida si los millones de ñoquis que sobran fueran despedidos sin contar con la posibilidad de reubicarse en el sector privado.

Si Mauricio Macri, que cumple cien días en el Gobierno, logra frenar la inflación sin caer en la recesión, habrá pavimentado su camino hacia las elecciones legislativas del año próximo y, obviamente, hacia su reelección en 2019. Por todos, por usted y por mí, ojalá pueda hacerlo.

Enrique G. Avogadro
Abogado

UN CAPÍTULO QUE ES NECESARIO CERRAR

CONTRIBUCION AL DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS

Carlos Gabetta da un paso más allá: se pregunta por el sentido de continuar indefinidamente los juicios.

Por Carlos Gabetta[1]

Este artículo tiene por objeto contribuir al debate sobre el modo y continuidad de los juicios penales a los implicados en “crímenes de lesa humanidad” durante la dictadura militar 1976/83, llamada a sí misma Proceso de Reorganización Nacional. También al debate paralelo sobre la responsabilidad de las organizaciones armadas que nacieron durante otra dictadura militar (1966/73), en los años que siguieron. Este último aspecto no puede dejar de considerarse por sí mismo, pero mucho menos aquí: el firmante, un periodista profesional con muchos años de experiencia, militó en 1972/76 en una de esas organizaciones, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo “brazo armado” era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Me caben pues las generales de la ley.

DEMOCRACIA Y NUREMBERG. Los juicios a los nazis duraron apenas unos meses. Los de los militares argentinos llevan casi 30 años y siguen prolongándose. | Foto: CEDOC

Este gravísimo asunto, que tuvo un comienzo democrático, legal y legítimo de resolución con la acusación del presidente Alfonsín a las cúpulas militares y algunos jefes guerrilleros y el consecutivo Juicio a las Juntas, evolucionó a los largo de los siguientes 30 años de un modo confuso y contradictorio, hasta llegar a la situación actual. La de una democracia que en ese punto –y en tantos otros– se niega a sí misma al impartir mala y tardía justicia y la de una sociedad que agrava sus divisiones, en un marco de problemas económicos, políticos y sociales de una extrema gravedad. Es pues necesario cerrar el capítulo “última dictadura militar”, porque se están cometiendo injusticias y porque se necesitan todas las energías para resolver problemas actuales y, quizá lo más importante, porque la sociedad argentina tiene necesidad de amigarse consigo misma. Es necesaria una síntesis que reconozca, aclare y deslinde responsabilidades y haga realmente justicia. Este capítulo negro de nuestra historia –tenemos varios– debe cerrarse cumpliendo con la ley argentina y los pactos internacionales; pero además ejerciendo tanto la crítica como la autocrítica ciudadanas; si no para justificar, al menos para comprender lo ocurrido y dejarlo atrás, en la categoría de experiencias históricas a no repetir.


Vaivenes. La cronología desde el Juicio a las Juntas hasta hoy es conocida y los argumentos políticos y legales esgrimidos en los sucesivos vaivenes del asunto exceden largamente este espacio. Pero la síntesis es que más de tres décadas después el tema no sólo no se ha resuelto, sino que se complica cada vez más. Resumiendo, después de la ejemplar condena inicial a las Juntas, vinieron los indultos –que incluyeron a ex guerrilleros a punto de ser juzgados; o sea que se “indultó” a quienes aún no tenían condena–; luego se anularon los indultos; se extendió la posibilidad de acusar de crímenes de lesa humanidad más allá de “los altos mandos” y se limitaron las posibles acusaciones a “lo actuado” por la dictadura militar 76/83. Sobre esto último, si los eventuales crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras estaban prescriptos, no era el caso de la Triple A, organizada por el gobierno peronista desde el Estado y por lo tanto pasible de ser acusada de crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles.


Actualmente hay más de 1.100 ciudadanos entre procesados y detenidos sin sentencia y sentenciados que se encuentran procesados en otras causas. Hay 970 imputados detenidos, ya sea en unidades penitenciarias (57%), sus domicilios (40%), dependencias de las fuerzas de seguridad (1,5%) y en hospitales (0,5%), mientras que los condenados son 563. O sea que hay numerosos presos sin condena. El constitucionalista Roberto Gargarella sostiene que se deben evitar estas condiciones para todos los detenidos: “Implican violaciones de derechos sobre personas concretas, por más que se trate de las personas a las que menos queremos. Por ejemplo, tenemos procesados sin condena durante largos, imperdonables años, algo que no aceptamos en ningún caso; personas de edad avanzada y en condiciones de salud precaria que no reciben, a diferencia de otros ‘presos comunes’, arresto domiciliario”. Otras fuentes indican que “el promedio de edad de los afectados en estas causas, es de más de 73 años (73,24 años exactamente) y el promedio de prisión preventiva de los detenidos en penales es de más de 6 años (6,16 años exactamente), sumado al altísimo porcentaje de fallecidos (344 personas al 1-3-16)”[2].

Desde que el peronismo kirchnerista reposicionó así el problema, la sociedad argentina se divide, grosso modo, entre los que están dispuestos a llevar las acusaciones y los juicios más allá de todo plazo y legalidad, y los que, como la señora Cecilia Pando y muchos otros, no sólo niegan culpabilidad, sino que reafirman objetivos y métodos. En medio, la “resistencia armada” y sus responsabilidades históricas, políticas y eventualmente legales, negadas taxativamente por unos y sirviendo así de justificación a otros.

Resultado, una situación concreta extremadamente confusa en lo legal; un “debate” irracional; un asunto grave de nuestra historia que ha devenido desvergonzada herramienta política y, una vez más, una sociedad dividida y al borde del enfrentamiento.





[1] Periodista y escritor. Ex militante del PRT/ERP.
[2] 346 fallecidos en prisión al día de la fecha.

sábado, 12 de marzo de 2016

CLAUDIO AVRUJ: "NO HAY POSIBILIDAD DE QUE SE DETENGAN LOS JUICIOS A MILITARES"

Estimados Amigos:

No estamos totalmente de acuerdo con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sí compartimos que los juicios de lesa humanidad deben concluir cuanto antes, sí compartimos que los mayores de 70 años deben estar en su domicilio y compartimos que son temas que debe decidir la justicia… y si la justicia no lo hace deberá ser una decisión política del más alto nivel, a través de las herramientas constitucionales previstas para estos casos.

En la nota existen algunos temas sobre los que pensamos es necesario destacar nuestra discrepancia y llamar a la reflexión de la sociedad y sus representantes políticos:

A nuestro criterio estos juicios solo se han podido celebrar a “contra del derecho” y son tantas las “aberraciones jurídicas” que los mismos deberían ser anulados. Esa sería una forma de concluir rápidamente con los juicios. Por ser legos en la materia, la extensión de estos conceptos la dejamos en manos de los profesionales del derecho.

No solo se viola y discrimina la ley al mantener presos a los mayores de 70 años, ocurre lo mismo con todas aquellas personas que se encuentran en prisión víctimas de enfermedades graves que no son atendidas debidamente dado a la incapacidad sanitaria en las Unidades Penales y también se viola la ley y se discrimina a los Presos Políticos cuando permanecen en prisiones preventivas excedidas en el tiempo que establece la ley y tratados internacionales. Hay casos de personas que llevan más de quince (15) años en prisión preventiva y sin sentencia alguna.

Si se cumpliera debidamente con la ley, tratados internacionales, derechos jurídicos y humanos con todas las personas acusadas de delitos de lesa humanidad, serían muy pocos los que permanecerían en prisión. Seguramente ese colectivo estaría representado por los más jóvenes, y que en los años '70 eran los de menor jerarquía, sería una tremenda injusticia y más cuando las pruebas presentadas por los fiscales no están más allá de toda duda razonable.

Se dice que son Presos Políticos porque para poder llevar adelante el objetivo político de su procesamiento y juzgamiento, el Estado Argentino ha debido violar, tergiversar y “manipular” todas las garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los mas elementales principios del Derecho, de la que destacamos :

  • Juzgados por Tribunales incompetentes e ilegales.
  • Procesados y condenados en Juicios ilegales e insanablemente nulos.
  • Nuevo Juzgamiento a quienes ya fueron procesados y absueltos con sentencia firme, en la misma causa.
  • Acusaciones con acumulación generalizada de casos para todos los procesados, por el solo hecho de ser miembros de las FFAA y FFSS en el momento de los hechos investigados y sin que requiera una prueba tangible de su real participación en dichos hechos. 
  • Inconstitucionalmente se descartó para su juzgamiento el único Código Penal vigente para los procesados en el momento de los hechos que se pretende juzgar, que era el Código de Justicia Militar.
  • Violación sistemática y reiterada de las garantías constitucionales del Principio de Legalidad y el Debido Proceso. 
  • Condenas basadas en pruebas que no se ajustan a las formalidades legales.
  • Prisiones preventivas que superan excesivamente los límites establecidos en la legislación vigente.

Por último deseamos señalar al secretario Avruj, que no tiempo de memoria… es tiempo de historia contextualizada en la época de la guerra revolucionaria que sufrió el país.

Sinceramente,


Pacificación Nacional Definitiva
por una Década en Paz y para Siempre


El secretario de DD.HH. rechaza la "teoría de los dos demonios"; dice que debe haber prisión domiciliaria para los mayores de 70 u 80 años

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sabe que se trata de temas complejos y busca cuidar sus respuestas. Pero al mismo tiempo es claro al definir que "no hay ninguna posibilidad" de que se detengan los juicios a los militares. Sin embargo, plantea que deben acelerarse los procesos en los casos de detenidos de más de 70 u 80 años, para quienes, según el funcionario, debe considerarse la posibilidad de que estén en prisión domiciliaria.

-      Hablemos de los derechos humanos en relación con los 70. Ahí aparecen dos paradigmas bien opuestos. El de la juventud maravillosa y el de la teoría de los dos demonios. Por supuesto que son dos extremos y hay matices, ¿pero dónde se ubicaría ideológicamente usted?

-      Ideológicamente yo no avalo la teoría de los dos demonios. Yo sí reconozco que la Argentina vivió un proceso de violencia muy fuerte, con una misma lógica, donde la muerte en busca del poder se instaló en el centro de la escena, pero yo reconozco fundamentalmente que quien incumple y violenta los derechos humanos es el Estado, que es justamente quien tiene la obligación de protegerlos y promocionarlos.

-      Hay sectores que temen que se detengan los juicios a los militares. ¿Podría ocurrir?

-      No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Los temas de memoria, verdad y justicia bien entendidos no solamente le hacen bien a las víctimas y a los familiares, sino que es una necesidad de la sociedad. Por otro lado, el tema de los juicios está en el ámbito de la Justicia, y nosotros queremos trabajar para una Justicia totalmente independiente. En los juicios de lesa humanidad, donde el Estado es querellante, seguimos siéndolo y no hay ninguna posibilidad de cambiar en ese sentido.

-      Usted recibió al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas (Celtyv). ¿Qué le pidieron?

-      Primero hay que dejar en claro que como secretario de Derechos Humanos yo voy a recibir a todo aquel que pida una reunión, que sienta que sus derechos están vulnerados. Con un límite que se los planteé a ellos también: no hay posibilidad de que en nuestra mesa se dialogue en función a una negación de lo que fue el terrorismo de Estado. En el caso de esta organización, del Celtyv, ellos plantearon el dolor que sienten de que las víctimas civiles de los grupos Montoneros, ERP y otros hayan sido invisibilizados y quitados de la historia, y que ellos consideraban que tenían que tener un lugar en la educación y en la difusión. Ellos iban a pedir reuniones con distintos funcionarios y nos pedían esta articulación.

-      Hay muchos militares que están detenidos que hoy tienen más de 70 u 80 años. Muchos tienen condena y otros no. ¿Hay alguna idea de cambio de estatus para esos detenidos?

-      Es una decisión plenamente de la Justicia, donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso. Nosotros estamos porque se cumplan los juicios, que se terminen cuanto antes, pero no porque haya que terminarlos y listo, sino porque el tiempo juega en contra de las víctimas, de los acusados y de la sociedad misma, que requiere una solución. Después, el tema de la edad: yo creo que el tema de la excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos. Y si la Justicia lo considera para todos, habrá que aceptarlo.

-      ¿Usted, en lo personal, piensa que los mayores de 70 deben ir a prisión domiciliaria?

-      Yo considero que sí, porque tiene que ver esto con un respeto al derecho y a la justicia. La liberación de una persona después de los 70 u 80 años es una decisión de la Justicia. Si la Justicia, en plena libertad, lo considera, hay que respetarlo.

-      ¿Y esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?

-      Yo creo que es del Gobierno.

-      O sea que deberían acelerarse los juicios a los detenidos y, eventualmente, pasar a domiciliaria...

-      Esto lo dijimos ayer en Mendoza, lo dijimos hoy en la reunión que tuvimos con la Cámara de Casación Penal, que necesitamos que los juicios se lleven adelante, concluyan cuanto antes, con el tiempo lógico y sin chicanas, pero que se termine todo esto justamente porque hay una necesidad que tiene que ver con el tiempo.

-      Usted se reunió varias veces con Estela de Carlotto. ¿Hablaron de esto?

-      No. De esto no hablamos. Sí hablamos -y en esto coincidimos- de que los juicios tienen que llevarse a cabo y tienen que concluirse. Estela, como muchos organismos, entienden el daño que se les produce a las víctimas al ir una vez y otra vez ir a declarar, dar su testimonio y después esperar mucho tiempo que sean citados a audiencia. Eso termina afectando muchísimo a la gente.

TERRORISTA AMNISTIADO E INDEMNIZADO

¡PERSONAJE INVITADO A INTRATABLES Y MUCHOS OTROS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN[1]!


""....INTEGRANTE DEL ERP (ejército revolucionario del pueblo)... En 1973, pleno gobierno democrático, nada menos que  del Gral. Perón, asesina al Teniente Coronel Juan Ardoy en el asalto al Comando de Sanidad del Ejército... Este asesino, detenido, procesado con todas las garantías fue condenado y, cumplió prisión hasta 1983. Amnistiado por Raul Ricardo Alfonsín, luego durante el gobierno kirchnerista fue indemnizado con 252.000 dólares.

Hoy en  2016 pasa sus días paseando por los canales de televisión dando clases de democracia, economía, seguridad etc., etc., etc., sin que ningún periodista le pregunte "por qué en pleno gobierno democrático del Gral. Perón asesinó al Teniente Coronel Duarte Ardoy en un intento de toma al Comando de Sanidad del Ejército", acaso ¿no es hora de hacerle sentir a estos tipos el malestar de la gente?, acaso ¿no es hora de escrachar sin temor a estos hijos del odio?, acaso no es hora de hacerles sentir el poder del pueblo? nadie habla de agresión física, solo hablamos de hacerlos sentir lo que son, cobardes y asesinos.





[1] El viernes 4 de marzo de 2016 participó en el programa Plan M, que conduce el periodista Maximiliano Montenegro, y tuvo varios cruces duros con el periodista y escritor Ceferino Reato.

DE LA MEMORIA A LA PRECISIÓN DE LA HISTORIA

Por Ceferino Reato[1]

Cuando fue publicada la edición original de Disposición final, en 2012, un nutrido batallón de políticos, defensores de los derechos humanos, historiadores y periodistas kirchneristas intentó convertirlo en un libro maldito; un colega lo criticó con dureza luego de señalar que no tenía ningún interés en leerlo. ¿Cómo se puede criticar un libro sin leerlo?

Ahora, a 40 años del golpe de Estado, la edición definitiva de este libro muestra la importancia de que el ex general Jorge Rafael Videla no se haya muerto sin confesar cómo fue su dictadura y, en especial, qué pasó con los miles de desaparecidos.

Es un documento histórico porque en 2013 Videla murió y ningún otro periodista argentino pudo entrevistarlo. Fueron más de veinte horas de preguntas y respuestas en la cárcel, cara a cara. Junto con testimonios de militares, guerrilleros, políticos, empresarios y sindicalistas, las declaraciones de Videla permiten reconstruir también el contexto de violencia y lucha por el poder en el que su dictadura surgió y se mantuvo.

Más allá de las críticas militantes, el libro fue anexado rápidamente en distintos juicios por violaciones a los derechos humanos como prueba de la existencia de un plan para matar y hacer desaparecer los cuerpos de miles de detenidos.

Es que Videla admite por primera vez que "había que eliminar a un número grande de personas para ganar la guerra contra la subversión".

Tanto fue así que apenas cuatro días después de la publicación de Disposición final, el 17 de abril de 2012, fui llamado a declarar como testigo ante la justicia federal de San Martín, en el Gran Buenos Aires, que investigaba la desaparición del cuerpo de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo.

A continuación, la justicia federal de San Martín ordenó el allanamiento -por primera vez en casi 30 años- de las viviendas de Videla y de los generales Albano Harguindeguy y Santiago Riveros, e interrogó al ex dictador, quien ratificó sus declaraciones.

Pero el kirchnerismo había construido una visión tan binaria, tan maniquea, de la violencia política en los años 70 que no soportaba ningún corrimiento de su teoría de ángeles y demonios.

Por ejemplo, Videla afirmó que los jefes militares llegaron al golpe de hace 40 años convencidos de que "7000 u 8000 personas debían morir para ganar la guerra contra las subversión". Una verdadera matanza. Sin embargo, Cristina Kirchner, sus partidarios y las organizaciones de derechos humanos no podían admitir públicamente un número inferior a los 30.000 detenidos desaparecidos. Todos ellos saben que ese número es falso, pero lo han transformado en una bandera política que no se atreven a arriar porque temen que también se vengan abajo otros tramos del relato.

Además, la admisión de Videla de que la dictadura apeló a las desapariciones para evitar que la gente supiera qué estaba sucediendo y "no provocar protestas" liberaba a los ciudadanos de la culpa que muchos podían sentir por no haber reaccionado a tiempo frente a tanto salvajismo. El kirchnerismo, con el desparpajo que lo caracteriza, solía utilizar esa "mala conciencia" con fines extorsivos o de castigo, como cuando fue derrotado en las elecciones legislativas de 2009 y sus voceros salieron a acusar a las clases medias de haber respaldado la represión ilegal.

De acuerdo con el kirchnerismo, la reconstrucción de los años 70 debe hacerse sólo con los relatos de las víctimas de la dictadura y de sus parientes, amigos y compañeros o camaradas políticos. El objetivo es la memoria, con su frecuente ilusión maniquea de la división entre buenos y malos, pero no la historia, que busca la verdad, como explica el semiólogo, filósofo e historiador búlgaro-francés Tzvetan Todorov.

Por ese motivo, no pueden admitir la más mínima mención a la violencia de las guerrillas, en especial los secuestros, las bombas y los asesinatos previos al golpe de Estado de hace 40 años, que contribuyeron a que muchos argentinos recibieran con alivio a los militares. Más aún: los insurgentes -que no defendían la democracia ni los derechos humanos- también jugaron al golpe de Videla y compañía, como lo prueban documentos de la época.

En un libro sobre el pasado, el contexto es ineludible. Marx dice en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte que un golpe de Estado no puede ser considerado como "un rayo caído desde un cielo sereno". Hay que analizar también el cielo, es decir, las circunstancias y condiciones en las que los hombres hacen su propia historia.

En el poder, el kirchnerismo recortaba del contexto sólo lo que le convenía según sus peleas del momento. Una visión de corto plazo que logró cooptar a tantos dirigentes de los derechos humanos.

Durante esos años, vivimos el tiempo de la memoria. Deberíamos pasar al tiempo de la historia. Mientras la memoria refleja las vivencias de un grupo y puede favorecer sus intereses particulares, la historia interpela a los diversos grupos que forman parte de la sociedad.

La historia -también el periodismo que investiga el pasado reciente- intenta establecer los hechos con precisión. Mantiene una relación de tensión con el poder político de turno pero es la única manera que se conoce de digerir bien un pasado tan doloroso.




[1] Editor ejecutivo de la revista Fortuna.