Opinión
/ Actualidad
Por
Nicolás Márquez
El
crimen de lesa humanidad conforme lo
define el Estatuto de Roma suscripto en 1998 e incorporado por la ex República
Argentina en el año 2001 (y cuya normativa es aplicable a los hechos
acontecidos con posterioridad a su incorporación en la legislación local) es
definido como el “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”
agregando que “Por ataque contra una población
civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de
actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o
de una organización” (así lo describe el extenso artículo 7 de dicho
Tratado).
Nos
interesa traer a comento dichos conceptos, puesto que desde que el kirchnerismo
ocupó el poder del Estado desde el año 2003 hasta la fecha, realizó un golpe de
Estado a la Corte Suprema de Justicia derrocando a 4 de los 7 jueces del cuerpo
(es decir el 57,2% de sus miembros) a fin de lograr una mayoría de facto e
ilegítima a base de nombramientos de magistrados colocados de manera forzada e
irregular y con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles (la
mayoría de ellos casi octogenarios) que son acusados a la marchanta de haber
actuado en la guerra antiterrorista obrante entre 1969/79, la cual se
intensificó cuando en el año 1975 el actual partido gobernante ordenó a las
FF.AA. mediante decretos sucesivos “aniquilar el accionar de los elementos
subversivos”, y desde entonces se comenzó a combatir al terrorismo con
un mecanismo irregular que dio lugar a la figura del “desaparecido”.
Si
bien las secuelas de este conflicto armado habían sido superadas por indultos y
amnistías graduales emitidas en democracia y avaladas en cuanto a su legalidad
y constitucionalidad en distintas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia
(tanto en los tiempos del Presidente Raúl Alfonsín, como en los de Carlos Menem
y los del propio Fernando de la Rúa), la posterior Corte de facto que “de prepo” impuso el socio de Lázaro
Báez y Presidente de la Nación Néstor Kirchner, ordenó ilegalmente desoír los
siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por
nuestra Constitución Nacional: Principio
de Cosa Juzgada, Principio de Irretroactividad de la Ley Penal, Principio de
Ley Penal más Benigna, Principio de Ne bis in idem, además de los consabidos
principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente.
Pues
bien, a partir de entonces, el aparato del Estado por medio de los sumisos
jueces y fiscales federales del sistema (de los cuales el kirchnerismo nombró a
más del 60%) comenzaron a sentenciar injustamente a sabiendas (es decir
incurriendo en el delito de prevaricato) a fin de cuidar sus respectivos
traseros, cargos y ascensos para desde entonces violar los citados principios
que la Corte ordenó ignorar, con el objetivo de llevar adelante un sinfín de
juicios ilegales a partir de entonces y hasta nuestros días.
Luego, este
ataque sistemático y generalizado contra un selectivo sector de la población
llevado a cabo por esta maquinaria estatal naciente a partir del año 2003 se encargó de
encarcelar a 1865 personas (a pesar de que sólo 289 fueron “condenados” en este lapso) y de los cuales 250 de ellos (casi la
misma cantidad de “condenados” y casi
el 15% del total de encarcelados) murieron
en cautiverio por expreso abandono de persona por parte de las autoridades
judiciales que por acción u omisión incumplieron con sus deberes de funcionario
público, ya que a más allá de la injusta detención, lo cierto es que los
burócratas que viven de Poder Judicial ni siquiera osaron otorgarle a sus
secuestrados el pertinente arresto domiciliario sino que los hacinaron
ilegalmente en cárceles comunes, cuando conforme el Código Penal hasta el más
polémico de los detenidos debe ser beneficiado con el pertinente arresto
domiciliario pasados los 70´años, siendo que en el caso que estamos
describiendo el promedio de edad de los 1865 presos (a los que hay que
descontarles los 250 que fueron virtualmente asesinados por este sistema)
ostentan más de 75 años de edad.
Como
todos estos vividores que solícitamente pululan en la burocracia del poder
judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de
violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque
generalizado a ancianos que mueren a diario en esta política ilegal de abandono
y destrato, urge imperiosamente que cuando se restaure y rescate el Estado de
derecho a partir del mes diciembre del año 2015 (es decir cuando la
delincuencia kirchnerista ya no esté en el poder) se lleven adelante todas las
acusaciones e imputaciones habidas y por haber a jueces, fiscales y
funcionarios judiciales de todas las jerarquías que hayan participado directa o
colateralmente de esta maquinaria ilegal al servicio del detallado plan
generalizado de exterminio físico y/o moral de ancianos civiles y/o militares
que fueron no sólo ilegalmente acusados sino posteriormente destratados,
secuestrados y apaleados por el ominoso andamiaje estatal que operó al margen
del principio de legalidad.
Será
un acto de justicia que la sociedad civil deberá peticionar a las autoridades
cuando el imperio de la ley vuelva a entrar en vigencia, nosotros desde estas
líneas ya empezamos a clamarlos.
COMENTARIO DE
LECTOR
JOAQUIN
mar
5, 2015 at 19:56
Con
respecto a que se aplicó un mecanismo irregular que dio lugar a la figura del “desaparecido”, cabe recordar que el gran teórico de la guerra, el aleman Karl
Clausewitz, en su libro “De la guerra”, indica que “El
general que tenga consideraciones humanitarias, mejor que no haga la guerra”,
y que “un soldado debe recurrir a todos los medios que tiene a su alcance, a
todos, para ganar la guerra”. Por su parte, el entonces presidente
general Juan D. Perón, en su discurso del 04 Ene 1952, en el acto de entrega de
sables a nuevos generales, expresó: “El conductor conduce y si para conducir
tiene que echar mano de ciertos recursos, tiene que hacerlo. Su deber es llevar
su tropa a la victoria. Ser conductor, señores, es una tarea extremadamente
difícil para tener que andar todavía con florituras o figuras retóricas”.
En síntesis, la guerra es la guerra y, como en el amor, cualquier recurso es
válido para ganar. En toda guerra hay desaparecidos. ¿Quién habla de los
desaparecidos en Vietnam? Aquí la izquierda hizo una bandera con la cifra
emblemática de los “30.000 desaparecidos”
y la sociedad, estúpidamente, se tragó
esa mentirosa píldora y hoy todavía cualquiera habla de los famosos e
inverosímiles “30.000 desaparecidos”.
NOTA: Las imágenes
y destacados no corresponden a la nota original.
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