La paradoja de la “democratización de la justicia” es que
el proyecto y sus autores no soportan un debate –como corresponde a una
decisión fundamental– una vez más el oficialismo hará que el Congreso actúe
como una escribanía, convalidando sin modificar una sola coma el proyecto
enviado por el ejecutivo del poder de turno.
Nuestra Nación adoptó como
sistema de gobierno el republicano, que en su sentido más amplio, es un sistema
político que se fundamenta en el imperio de la ley (constitución) y la igualdad
ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que
tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger
los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos, de los
que no puede sustraerse nunca un gobierno.
En esta nueva maniobra del poder
de turno, a través de la presidente, nos impone una proposición en apariencia
verdadera que conlleva a una contradicción lógica o a una situación que
infringe el sentido común.
La paradoja de “democratizar” y ni siquiera aceptar el
debate parlamentario es un poderoso estímulo para la reflexión. Ella nos revela
la complejidad de la realidad o del objetivo final del poder de turno: “Asumir
la suma del poder público, removiendo el último obstáculo que representa la
independencia del Poder Judicial, a fin de gobernar sin control alguno y
asegurar a sus funcionarios y cómplices una impunidad imposible de aceptar”.
Este objetivo es mucho mejor explicitado por el señor periodista Carlos Pagni,
en su artículo de análisis político que les dejamos a continuación.
Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y para Siempre
UN CAMBIO DE RÉGIMEN
Por Carlos Pagni | LA NACION
Al modificar su Carta Orgánica, Cristina Kirchner fijó al Banco Central un
nuevo cometido: "Preservar la
estabilidad fiscal". ¿Quién podría oponerse? Claro, si hubiera dicho "emitir moneda sin respaldo para
financiar el Tesoro", se hubiera advertido que la reforma era
aberrante.
Con el Consejo de la Magistratura sucede algo parecido. En su mensaje al
Congreso, la Presidenta propone que
los consejeros se elijan con mecanismos "que
expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad
democráticas". Sólo un perverso rechazaría la invitación. Ahora bien,
si se recomendara "someter a los
jueces al control del partido mayoritario", se advertiría que Cristina Kirchner no auspicia una
mutación institucional más: intenta
fundar una nueva juridicidad. De eso se trata la reforma judicial del
kirchnerismo.
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La idea subyacente a esta
remodelación es que los jueces constituyen una rémora oligárquica dentro del
Estado democrático. Su poder no deriva del voto directo de la ciudadanía. Y,
además, son seleccionados entre graduados de las facultades más
tradicionalistas del sistema universitario. Que también ellos sean alcanzados
por la onda igualitaria que avanza sobre la vida pública desde hace más de dos
siglos parece un progreso objetivo.
Sin embargo, ese movimiento
supondría la renuncia a una conquista estratégica de la civilización
occidental. Esa conquista es la
capacidad de cualquier ciudadano de oponer al poder una verdad.
En el núcleo de esta concepción
hay un criterio: los resultados electorales son reglas de validez, no criterios
de verdad. Es decir, quien gobierna lo hace porque tiene más votos, no porque
tenga la razón. Pueden existir mayorías
equivocadas. Sobre este principio se asientan el derecho a la crítica,
corazón de la libertad de prensa, y la independencia del Poder Judicial.
Para no caer bajo el imperio de
una mayoría ocasional, las sociedades abiertas ponen los derechos de las
personas a resguardo de la autoridad derivada del voto. Una de las estrategias para lograrlo es confiar la interpretación de
las leyes a una institución que esté menos expuesta a las fluctuaciones
electorales: el Poder Judicial. Para esta visión, la naturaleza
conservadora de la magistratura no es un vicio. Es una virtud.
Decir que no existe otra legitimidad
que la del voto directo es decir que no hay otra voluntad respetable que la del
líder ungido por las urnas. Cristina
Kirchner profesa este prejuicio. Sugiere a los periodistas que la
contradicen que armen un partido y se presenten en las elecciones. Y a los
jueces que le frustraron el famoso 7-D
los amenazó con asimilarlos a la Corte que convalidó el golpe del 30.
Cualquier contradicción al deseo
del Poder Ejecutivo conspira contra la democracia. Carlos Menem presumía lo mismo cuando amplió la Corte para imponer
una mayoría adicta. Rodolfo Barra,
ideólogo del desembarco, escribió en 1989 que ese tribunal debía alinearse con
las preferencias que el pueblo expresaba en los comicios.
Los proyectos que la Presidenta envió al Congreso son vigas maestras de este
nuevo orden. Pretenden que los
ciudadanos se allanen a la tiranía de una mayoría ocasional en cuyo nombre
habla el caudillo. Su primer dispositivo es la elección popular de los
representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos del Consejo.
En su artículo 114, la Constitución
Nacional establece que en ese instituto debe procurarse "el equilibrio entre la representación
de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de
todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".
Agrega que "será integrado,
asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico". Es
evidente que los constituyentes distinguieron entre consejeros cuya legitimidad
deriva de las elecciones generales y consejeros elegidos por sus pares. Esa discriminación quiso garantizar aquello
con lo que el kirchnerismo pretende arrasar: la autonomía del Consejo y, por lo
tanto, de la Justicia, respecto de las oscilaciones del electorado.
Como sostuvieron en 2006 Horacio Verbitsky y Andrea Pochak, del CELS, "la legitimidad de los integrantes del
Consejo está dada por diversas fuentes. [?] La legitimidad no proviene
únicamente del voto popular". Cuatro años más tarde, el mismo Centro propuso que el organismo se
democratice eligiendo a magistrados, abogados y académicos en comicios
generales, con sistema D'Hont, pero sólo entre sus pares.
En cambio la Presidenta pretende que los jueces, abogados y académicos
que aspiren a ser consejeros se incorporen a las listas de los partidos, que resultarán
de una interna o del dedazo de un jefe político. Preguntas: ¿qué método se aplicará en el Frente para
la Victoria para armar la boleta? ¿Esos consejeros representarán a sus colegas
o a su agrupación electoral? Como escribió ayer el abogado Bernardo Saravia
Frías, el proyecto del Gobierno "reemplaza
la independencia judicial por la dependencia partidaria".
La segunda modificación relevante
es que para remover a un magistrado ya no serán necesarios dos tercios de los
consejeros. Bastará con la mitad más uno. Durante la reforma de 2005, un
senador advirtió el riesgo al que quedaría sometida en ese caso la autodeterminación
de los jueces: "La ley ha fijado
sabiamente el criterio de dos tercios para la acusación de un magistrado y es,
precisamente, en garantía del juez. No cualquier hecho puede provocar la
acusación de un juez y su eventual destitución". Ese senador fue Miguel Pichetto, que ahora defiende lo contrario: que los
magistrados sepan, cuando redactan un fallo, lo fácil que sería desplazarlos.
La limitación de las cautelares
que suspendan decisiones del Estado es la tercera dimensión decisiva de esta revolución
autoritaria. También aquí hacen su trabajo los reflejos condicionados del
lenguaje. Cristina Kirchner denuncia que las cautelares
benefician a "las
corporaciones" que se rebelan contra las decisiones de la democracia. Es decir, del Gobierno. Es decir, de
ella. ¿Quién derramaría una lágrima por esas "corporaciones" malditas?
El problema es que en el año
2001, por ejemplo, "las
corporaciones" fueron los miles
de ahorristas que consiguieron un amparo en contra del "corralito". Y tres años antes, eran los sindicatos que frenaron en la justicia laboral la
flexibilización con que Menem
trataba de salvar la convertibilidad.
Si se tiene en cuenta la
extravagante arbitrariedad con que se administra la economía nacional, la
limitación de las cautelares significa la "morenización"
total de los mercados. ¿Qué empresa
arriesgará una moneda en un país en el cual está vedado recurrir a los
tribunales para protegerse de una disposición inconstitucional del Estado? Cristina Kirchner le está dando un mazazo
final a la inversión.
El kirchnerismo protagoniza, otra vez, un festival de contradicciones.
Hace siete años, reducía a 13 los miembros del Consejo porque "20 es una exageración". Ahora
lo dejará en 19. Pero hasta 2015 serán 25.
Hace cinco meses reglamentó el per saltum para agilizar las causas. Y
ahora, que pretende limitar los casos que llegan a la Corte, crea cámaras de
casación para ralentizarlas.
Las desprolijidades se deben a
que, como de costumbre, esta reforma no obedece a un vector teleológico. No
pretende construir a partir de reglas generales un sistema judicial más
aceptable. Fue pensada para remover los
obstáculos que encontró la Presidenta en su avance sobre otras instituciones:
los juzgados, el Banco Central, la prensa. Ya se sabe: la creatividad del kirchnerismo sólo florece en conflictos
retroactivos. Otro vicio de esta iniciativa es la premura. ¿Por qué se está remodelando el Poder Judicial a libro cerrado?
Sencillo: el mayor límite de la Presidenta es el tiempo.
Tiempo para vencer en sus batallas
obsesivas. Tiempo para superar la barrera de 2015. Y, sobre todo, tiempo para cerrar las causas judiciales que amenazan a
sus funcionarios.
El Gobierno quiere que los
consejeros se elijan en las primarias. Especula con que en esos comicios
presentará una lista única, frente a rivales atomizados. Advertido de que esos
opositores podían unificar la boleta para el Consejo, ayer prohibió esa
posibilidad corrigiendo el artículo 3 del proyecto. Fue el único cambio
tolerado por la Casa Rosada.
La urgencia obliga a Cristina Kirchner a maniobras
impresentables. No resiste un debate abierto. La máscara de la democratización, es decir, de una transferencia de
poder a los ciudadanos, esconde mal su avasallamiento a la Justicia.
La prepotencia institucional ha
logrado despertar a la oposición. La UCR y el FAP se niegan a participar de las
reuniones de comisión, ya que no hay debate. ¿No convendría democratizar el
Congreso? Ernesto Sanz habló de "totalitarismo". Los radicales
coordinan con las demás fuerzas una convocatoria a la movilización. Y Jorge Yoma, aliado a Daniel Scioli, fisura el bloque
oficialista negándose a una "iniciativa
mussoliniana".
La Presidenta ordenó que su reforma debe estar aprobada el miércoles
17. El apuro puede ser una mala jugada. En las redes sociales se estaba
organizando un cacerolazo para el día siguiente. Parece que ella se ha sumado a
la convocatoria.
NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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