Lunes 19 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial I
Agreden verbal y físicamente a magistrados para
presionarlos, restándoles independencia a la hora de fallar, con el consecuente
daño para la República
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra
específicamente el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, así
como el de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Esos derechos están hoy gravemente amenazados en la Argentina, lo cual es serio
puesto que los jueces son quienes adoptan decisiones definitivas respecto a la
vida, la libertad, la honra y los bienes de los ciudadanos.
Por ello, los Principios Básicos Relativos a la
Independencia de la Judicatura, aprobados por las Naciones Unidas en 1985,
disponen que los Estados Miembros de esa organización tienen el deber de
garantizar y promover la independencia de la Justicia, y determina que
"los jueces resolverán en los asuntos que conozcan con imparcialidad
basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna
y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas,
sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo".
La independencia de la Justicia es no sólo un componente
central de la democracia, sino también del Estado de Derecho. Cuando la
Justicia pierde su independencia e imparcialidad, la democracia, que es mucho
más que ejercer el derecho de voto en las urnas, queda malherida. Si la
presunción de inocencia se deja de lado, se ofende a la dignidad humana. Si la
Justicia está expuesta a presiones, su imparcialidad queda en riesgo. Pero,
además, si las presiones son abiertas, reiteradas y evidentes, hasta la
confianza pública en los jueces se desvanece.
En los últimos tiempos, algunas organizaciones sociales que
cuentan con apoyo oficial han amenazado, a cara descubierta, la independencia
judicial. Entre ellas, cabe recordar las amenazas por parte de militantes de la
agrupación kirchnerista La Cámpora de las que fue víctima, en junio pasado,
Juan Carlos Maqueda, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. A lo que se suma la presencia violenta y reiterada de militantes de
la agrupación Tupac Amaru que, sin vergüenza ni pudor, amenazan a magistrados
que intervienen en algunos casos con impacto político.
Una columna de esa presunta "organización barrial"
jujeña agredió, hace pocos días, al directivo del Grupo Clarín, Héctor
Magnetto, cuando éste concurrió a la fracasada mediación en el caso vinculado
con el cuestionado periodista Víctor Hugo Morales. Las agresiones fueron
físicas y particularmente violentas, tanto contra Magnetto como contra sus
abogados, Damián Cassino y Nicolás Novoa, quienes a duras penas pudieron
sortear la incalificable agresión.
Esa acción de los airados militantes de Tupac Amaru se ha
evidenciado y reiterado también con relación a la causa que tramita ante un
tribunal federal de Jujuy conocida como "Caso Ledesma". La agrupación
Tupac Amaru, en marzo de 2012, ingresó en forma amenazadora en el juzgado en el
que se encontraba el despacho del doctor Carlos Olivera Pastor, titular del
Juzgado Federal 2 de Jujuy. Las presiones violentas de la organización contra
ese magistrado se reiteraron, culminando con su renuncia, que fue celebrada
públicamente por sus militantes como un triunfo. En su reemplazo asumió el juez
Fernando Poviña, que imprimió a la referida causa un sello diferente, al
permitir insólitamene que un ex abogado de una parte querellante se
transformara en fiscal de los actuados dejando de lado los requerimientos de independencia
e imparcialidad como si no existieran y no se hubiese generado la nulidad
insanable y absoluta que provoca esa inaceptabe confusión de roles. La misma
organización presionó al camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, quien también
renunció a su puesto, alegando "violencia moral".
Como si lo antedicho fuera poco, los militantes de Tupac
Amaru también agredieron al doctor Carlos Pedro Blaquier, el 10 de julio de
2012, cuyo vehículo fue destrozado a la vista de todos, con violencia
inusitada, en un atentado que hasta pudo costarle la vida al empresario si el
auto no hubiera estado blindado.
Queda claro que el accionar de la organización Tupac Amaru
es intimidatorio y que está cuidadosamente planificado, financiado y
organizado. Sus grupos de choque actúan disciplinadamente y parecen haber sido
entrenados en el uso jacobino de la violencia.
Con su presencia procuran amedrentar y asustar. No sólo al
público en general, sino muy especialmente a los propios magistrados
intervinientes en las causas en las que presionan, afectando con abiertas
amenazas la capacidad de los jueces de actuar con total independencia.
Ese repudiable accionar apunta particularmente a los
magistrados, cuyo temple y coraje se ponen a prueba. Es realmente condenable
que las autoridades permitan que esta forma indigna de presión sobre la
Justicia se transforme en una inevitable constante.
La historia determinará quiénes han sucumbido a las
presiones y quiénes -como corresponde- han defendido, pese a la violencia
desplegada, la dignidad que el ejercicio de los altos cargos judiciales
requiere. El país todo advierte, estupefacto, lo que sucede.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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