Durante la sangrienta década del setenta, nuestro país
atravesó por una situación de violencia y crimen. Organizaciones terroristas encontraron justificativo para el
cumplimiento de sus objetivos, secuestrar y matar a inocentes ciudadanos de
civil o de uniforme a los que por medio de “juicios
revolucionarios” declaraban enemigos. La represión de aquel desbordado
terrorismo, dio lugar a una verdadera guerra interna.
El retorno a la
democracia dio paso al juzgamiento y a las leyes de obediencia debida y punto
final que encauzaron el sentido y alcance de las condenas. Los indultos a los
condenados de ambos lados de aquella violencia intentaron dejar atrás una etapa
dolorosa y crítica de nuestra historia.
Sin embargo, aquel proceso de pacificación fue interrumpido
por el gobierno K que hizo de los
extremos ideológicos y de la confrontación un instrumento de creación de poder
revirtió aquellas medidas. Para lograrlo, debió pasar por encima de
principios básicos de la Justicia y del Estado de Derecho. Se anularon leyes sancionadas constitucionalmente por el Congreso, se
violentaron los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal y
aplicación de la ley más benigna. Adicionalmente, todo esto, se hizo
asimétricamente, contra sólo una de las partes, aduciendo la
imprescriptibilidad de las causas por su carácter de crímenes de lesa
humanidad, sin aplicar esta misma calificación -como lo dicta la jurisprudencia internacional- a los crímenes
realizados por fuerzas terroristas apoyadas además, por otros Estados. El Estado de Derecho sigue siendo vulnerado
por jueces federales que postrados ante el Poder Ejecutivo sirven a los
sentimientos de odio y venganza de un grupo de cobardes y nostálgicos
setentistas.
La vara para medir
conductas pasadas no puede violentar el principio de igualdad ante la ley ni
estar atada a conveniencias políticas o ideológicas.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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