Viernes 20 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa
Por Ceferino Reato |
Para LA NACION
Los kirchneristas, en especial los líderes de las
organizaciones de derechos humanos, que insisten en que los desaparecidos
durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los dirigentes de esas ONG
"truchas" que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres
porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y
respaldos dentro y fuera del país.
¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los
familiares, amigos y compañeros de las más de 7000 víctimas que registra el
último documento publicado por el Gobierno sobre este tema, en 2006? ¿Les
parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos ellos reconocen en
privado como una suerte de mentira necesaria de otros tiempos, cuando debían
captar la atención de la opinión pública nacional e internacional?
Creo que la respuesta
es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha
política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un
costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se
consoliden dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una lógica de poder, ya no les
interesa la verdad.
Durante demasiado tiempo, en mérito a sus luchas valerosas
del pasado, las líderes de Madres y Abuelas han podido decir y hacer
prácticamente cualquier cosa. El presente las encuentra con mucha influencia en
la alianza gobernante, pero con la legitimidad dañada; son los beneficios y los
perjuicios de haberse encolumnado en una opción política partidaria.
Me gustaría hacer una
aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415 desaparecidos y 743
víctimas de "ejecución sumaria",
una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de una categoría muy general, que abarca a personas
que fueron fusiladas en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por
grupos paraestatales, pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante
ataques a cuarteles y comisarías o fusilados por los propios grupos
guerrilleros a los que pertenecían, en cumplimiento de sentencias de "juicios revolucionarios",
como fue el caso del cordobés Fernando
Haymal, de 26 años. Figuran, además,
personas que murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo
previsto.
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| Hugo Irurzún muerto en Paraguay |
Incluye también a muertos en tiroteos con la policía de
otros países, como Hugo Irurzún, el "Capitán
Santiago" del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido en
Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza,
que vivía refugiado en ese país. Un
combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en
Asunción.
Es imposible averiguar cuántos son los casos irregulares de "ejecución sumaria" sin el
libre acceso a los legajos de cada una de las personas que figuran en el nuevo
Nunca Más, cuyo acceso está restringido por la Secretaría de los Derechos
Humanos. Es otra de las tareas
pendientes que deja el oficialismo.
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| Fernando Abal Medina muerto en combate |
Además, el kirchnerismo "extendió"
el objetivo original de la Conadep; esta comisión fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para
recoger información sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen
militar; en 2006, Néstor Kirchner incluyó a las "víctimas del terrorismo de
Estado" antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura,
por ejemplo, Fernando Abal Medina,
el primer jefe de Montoneros, quien
murió en un tiroteo con la policía en 1970, poco después de secuestrar y matar
al teniente general Pedro Aramburu;
la inclusión de Abal Medina (tío del
actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo) habría
sido realizada sin que su familia lo supiera.
La línea política
parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los desaparecidos
durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la revolución sin
importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron. Eso sucede tanto en el nuevo Nunca Más como
en los monumentos que se han levantado últimamente, como el Parque de la
Memoria, en la Costanera porteña.
Las fechas han seguido corriéndose, con el respaldo de casi
todos los bloques opositores, que aprobaron las leyes respectivas, y ahora el
recuento de "víctimas del terrorismo
de Estado" parte desde los muertos el 16 de junio de 1955 durante el
bombardeo a la Plaza de Mayo.
El acceso a los legajos está restringido, pero podemos
suponer que los herederos de todas esas personas han cobrado la indemnización
prevista originalmente para las víctimas del terrorismo de Estado, que en estos
momentos asciende a 1.700.000 pesos
aproximadamente. Aunque no sería así en todos los casos, por ejemplo en la
reducida cantidad de Madres que
sigue a Hebe de Bonafini y entre los
herederos de Fernando Abal Medina,
según me aseguró un familiar del actual jefe de Gabinete.
Cifras que no son
ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros que salen
del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía
otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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