16/05/15
El reciente fallo la Sala IV de
la Cámara Federal de Casación Penal que dicta la falta de mérito para el juzgamiento de Pedro Blaquier y Alberto Lemos
en la “causa Ledesma” debería simplemente entenderse como lo que es:
un estricto acto de justicia. Difícilmente ello ocurra, porque tanto la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como Horacio Vertsbisky (ex jefe
de inteligencia de la banda montoneros e ideólogo del kirchnerismo en la
persecución a las FF.AA.) seguirán adelante con su política de desinformación
sobre los hechos y la difamación sobre los acusados. Lo cierto es que los tres
jueces, en forma unánime, sostienen que
debe revocarse el procesamiento de Blaquier y Lemos en todos los hechos
que han sido imputados. Ello así, porque, según los jueces “se incurrió en
una arbitraria valoración de las constancias arrimadas al expediente”, “no hay –a esta altura de la investigación–
un mínimo de elementos probatorios que permitan considerar que los imputados
Blaquier y Lemos se representaron que estaban aportando a la conducta dolosa”
(por el hecho de prestar a los militares las camionetas del Ingenio para el
secuestro de personas), “ha existido un
claro déficit de fundamentación en los procesamientos dictados a la hora de
acreditar el aspecto subjetivo de la responsabilidad de los acusados en
carácter de partícipes”. Y, más categórico todavía, el juez Juan Carlos Gemignani dijo: “...resulta
superfluo discurrir –como lo hace el a
quo– sobre el conocimiento real o supuesto por parte de los imputados
del destino que habría de otorgársele a las camionetas, toda vez que ese
conocimiento en ningún caso puede hacer trasladar la prestación imputada desde
la juridicidad al ámbito de la antijuridicidad”. Es decir, que aun
cuando se hubiera probado lo que se les imputa (ni siquiera se probó que los
vehículos hubieran sido efectivamente prestados), Blaquier y Lemos no habrían
cometido en delito alguno.
Así
las cosas, conviene preguntarse ¿Cómo fue entonces que la Cámara Federal de
Salta, el juez instructor Poviña y los fiscales federales Villalba y Pelazzo no
advirtieran que la acusación constituía un verdadero mamarracho y siguieran
adelante con la misma? ¿No son acaso responsables, como mínimo, de un acto de
mala praxis judicial? Haciendo una analogía con la medicina es como si a un
enfermo que necesita un trasplante de corazón le injertaran un hígado para
bombear la sangre. El costo de semejante torpeza, tanto en dinero como en
aflicción, es monstruoso para los imputados y sus familias; pero, también, para
los contribuyentes que pagamos sueldos de Primer Mundo a fiscales y jueces
federales que nos correspondan con un servicio de justicia del Cuarto o de cuarta.
Y como si no hubiésemos tenido suficiente para empacharnos de espanto, todavía
hay que agregar el disparate de que el juez Poviña consintiera que el Dr.
Pelazzo, de querellante se metamorfoseara en fiscal de la causa. Hay que decir
que ¡Pelazzo tenía la obligación legal de inhibirse y no lo hizo! Y, (como se
dice en España) para más inri, hay que agregar que en la causa “Marengo”, la que por estos días se sustancia en Jujuy, también
mutó de querellante a fiscal; y, (doble inri) también, el tribunal oral federal
aceptó las dos caras de Pelazzo.
fiscales federales Villalba y Pelazzo |
No
hay un solo juicio por crimen de lesa humanidad en la Argentina que resista el
análisis legal de un alumno de la secundaria, decía un abogado amigo.
Sin
embargo, está más que claro que en la Argentina a la mayoría de los políticos,
intelectuales, periodistas y hombres de la iglesia (Francisco I, incluido) el
asunto les importa un bledo. Es piantavotos y de derecha preocuparse por un
empresario o un militar acusado de crimen lesa humanidad; nadie quiere o nadie
se anima a sacar los “pies del plato”
de lo “políticamente correcto”.
Es
para celebrar, por justo, el fallo la
Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal; mas, en similar o peor
situación a la que sometieron a Blaquier y a Lemos se encuentran unos dos mil
argentinos. Algún día no muy lejano todas estas farsas saldrán a la luz y sus
responsables deberán rendir cuentas. Dada la ocasión, son muchos los que
velarán para que, los que no supieron o no quisieron procurarla o impartirla,
reciban justicia.
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