Carlos A. Manfroni
Consejo Académico, Libertad y
Progreso
abril 28, 2015 12:12 pm
En un seminario organizado en
Lima por la Red Liberal de América Latina y la Fundación Friedrich Naumann,
representantes de organizaciones de diversos países de la región manifestaron
su preocupación por el doble estándar en derechos humanos que se puede ver en
países como Argentina, Bolivia o Venezuela y el florecimiento de los
autoritarismos en la región.
Por Argentina, concurrió Carlos
Manfroni, en representación de la Fundación Libertad y Progreso, quien ilustró
con estadísticas, documentos y filmaciones el doble estándar empleado por los
jueces argentinos a la hora de juzgar los hechos de terrorismo de la guerrilla
de los ’70 y las violaciones cometidas por militares en aquella época, así como
también de qué manera la imposición de ese doble estándar sirvió para
quebrantar la independencia del Poder Judicial. “Al amparo de un tema tabú acerca del que pocos se atreven a discutir
el Gobierno comenzó a ejercer su dominio sobre los jueces”, explicó.
Manfroni habló de la situación de
desamparo en la que están los familiares de las víctimas de la guerrilla, que
provocó más de 1.000 muertos civiles, conforme a las estadísticas del CELTYV.
También alertó sobre el avance del terrorismo islámico en América latina y de
qué manera la inversión de los países de Medio Oriente en Venezuela, Nicaragua,
Ecuador y Bolivia ayuda a sostener a los autoritarismos.
Por su lado, Rubén Darío Cuellar,
coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva
Democracia, de Bolivia, recordó que el lema de Evo Morales había sido “ni un solo muerto más”, pero que ya hay
65 muertos por violencia directa del gobierno boliviano, en ejecuciones
disfrazadas.
El experto de Bolivia dijo
también que antes de la llegada del actual presidente, había 6.000 detenidos en
Bolivia y que ahora hay 16.000, la mayoría con prisión preventiva. Un fiscal
boliviano que se refugió en Brasil reveló de qué modo se armaban las
operaciones para detener opositores; lo declaró ante la justicia brasileña,
pero su testimonio no fue aceptado por no estar legalizado por el cónsul
boliviano, quien a su vez se niega a hacerlo. Cuellar contó también que un
opositor acusado de terrorismo en ese país estuvo en prisión preventiva durante
seis años y la audiencia para considerar la detención se suspendió 91 veces,
hasta que fue finalmente liberado por falta de pruebas.
En tanto el director ejecutivo
del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador y ex magistrado del Tribunal
Constitucional, Enrique Herrería, contó que en su país, cuando el presidente se
refiere en forma crítica a una persona, a las 24 horas, los fiscales inician
una causa penal contra el que fue señalado. Herrería mostró una filmación en la
cual Rafael Correa declaró, públicamente, que no sólo es el presidente del
Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Por su parte, el representante
del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, de
Venezuela, comenzó pidiendo disculpas por los males que su país provocó a la
región y destacó que el conocido dirigente opositor Leopoldo López, actualmente
encarcelado, fue responsabilizado por tres muertes que ocurrieron durante las
marchas de protestas, con la paradoja de que esas tres personas fueron
justamente asesinadas por la Policía de Seguridad del Estado. Recordó que el
año ya se registraron 34 muertos y en el anterior fueron 54.
Seguidamente habló Francisco
Quezada, representante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de
Guatemala, quien explicó de qué modo se ha logrado que la izquierda ocupe todos
los cargos académicos y sea la única voz escuchada en materia de derechos
humanos.
Por su lado, el enviado por el
Observatorio de Política y Estrategia en América Latina, de Colombia, Andrés
Molano Rojas, expresó su preocupación por la iniciativa del ex presidente
Ernesto Samper —en su momento acusado de recibir dinero del narcotráfico—, en
orden a la creación de una Corte Penal Sudamericana.
Luego, Francisco Rivas, muy
conocido en México por su tarea al frente del Observatorio Nacional Ciudadano,
dijo que si bien en su país la persecución oficial es más sutil, la cantidad de
muertos y desaparecidos es elevadísima y él mismo recibe periódicamente
amenazas de muerte.
Al finalizar, la directora
regional de la fundación Friedrich Naumann, Birgit Lamm, y el coordinador del
encuentro, Mario Brenes, exhortaron a los expositores a seguir trabajando en
red y a aumentar su exposición, a fin de potenciar su voz en el continente en
defensa de los derechos y las libertades de todos.
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