EL LLAMADO “CASO NISMAN”

El llamado “caso Nisman” ha dado y sigue dando lugar a numerosas declaraciones y comentarios que, en muchos casos, sólo parecen contribuir a incrementar la confusión y el desconcierto reinantes. Se extraña, sin embargo, que en muy pocas de estas expresiones se haya acentuado lo que este asunto ha puesto a la intemperie: el estado de descomposición  en que se encuentra la administración de justicia en nuestro país, en especial el fuero federal penal.

En efecto, llevamos semanas leyendo o escuchando hablar de funcionarios judiciales (incluido el fallecido Nisman) designados a dedo por un ex presidente de la nación, sometimiento de éstos a servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, jueces sin control sobre causas por hechos de extrema gravedad, la causa por el atentado contra la Embajada de Israel paralizada por la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal convertido  en un comisariato político, la propuesta para el más alto cargo de la magistratura de una persona sin idoneidad, el Poder Ejecutivo interviniendo descaradamente en la función judicial. Y todo esto, que no agota el repertorio de males, se ve enmarcado por un clima de corrupción pública que llega hasta la cima del gobierno, cercado por denuncias que transitan los juzgados y las fiscalías con una morosidad y desinterés que auguran prontas prescripciones.

En pocas palabras y sin eufemismos: la administración de justicia en la Argentina se encuentra en estado terminal. Y esto a nosotros no nos sorprende –aunque lo lamentemos–, porque esta Asociación se constituyó precisamente por abogados que comprobamos con alarma como, a partir del golpe de Estado contra la Corte Suprema dado por el ex presidente Kirchner, se puso en marcha un proceso implacable de destrucción del orden jurídico en sus principios más básicos, que tuvo el aval de la Corte designada entre aclamaciones en reemplazo de la anterior. Dijimos entonces que se había implementado un derecho de dos velocidades y que a todos los argentinos se nos había puesto en libertad condicional. Y eso que tantos se empeñaron en no ver ni reconocer, es lo que ahora se ha vuelto evidente.

Es que la justicia no puede administrarse pretendiendo que la violación del orden jurídico en perjuicio de una clase de personas, por reducida o insignificante que fuere, pueda ocurrir sin consecuencias para los que no pertenecen a esa clase. El prevaricato de los jueces, para colmo celebrado como política de Estado, por acotado que haya querido ser, fue lo que permitió que se abriera la puerta para la aparición de los horrores que estamos presenciando y ha deslegitimado por completo la función judicial.

Las naciones pueden sobrevivir a muchas catástrofes, pero sin justicia ello es imposible. Dios permita que se reaccione a tiempo.

Mariano Gradin                     Alberto Solanet

Secretario                              Presidente