Editorial I
Negar a las víctimas
del ataque de 1974 a la Guarnición Militar de Azul el ejercicio de sus derechos
garantiza la impunidad de sus victimarios
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| Momentos posteriores al ataque a la Guarnición Militar de Azul |
El
pasado 19 de enero se cumplió un nuevo aniversario del ataque perpetrado por
terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la Guarnición
Militar de Azul, con asiento en la ciudad bonaerense
homónima. En esa sangrienta noche del sábado 19 de enero de 1974, fueron asesinados el jefe de la guarnición,
coronel Camilo Gay, y posteriormente y delante de sus hijos, su esposa, la
señora Hilda Irma Cazaux de Gay. Los
terroristas también mataron al soldado conscripto Daniel Osvaldo González y causaron
numerosos heridos. Asimismo, fue secuestrado el entonces jefe del Grupo de
Artillería Blindada, teniente coronel Jorge Ibarzábal, quien se entregó
ante la amenaza de los terroristas de asesinar a toda la familia Gay, pasó diez
meses de cruel cautiverio y fue finalmente asesinado por el ERP en un traslado
de una cárcel del pueblo a otra, ante un retén policial.
Este
violento ataque se produjo durante la presidencia de Juan Domingo Perón,
elegido pocos meses antes por abrumadora mayoría en comicios democráticos. El
entonces jefe del Estado, vistiendo su uniforme de teniente general, repudió la
acción en un mensaje que dirigió a toda la ciudadanía: “Pido a
todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido activo en
la defensa de la República, que es la afectada en las actuales circunstancias.
Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la
acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la Patria
y sus instituciones, que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad
produzca males que pueden llegar a ser irreparables en el futuro”.
Este recuerdo
doloroso que marcó a la ciudad de Azul, sin embargo, fue ignorado o eliminado
de la memoria histórica cuando, en noviembre del año pasado, se colocó por orden de la Presidencia de la Nación,
con la conformidad de la Municipalidad de Azul, un cartel en la entrada de
la guarnición que rezaba: “Aquí se cometieron crímenes de lesa
humanidad durante el terrorismo de Estado”, en referencia a que allí
habría sido desaparecido el soldado Carlos Labolita, amigo del matrimonio
Kirchner, durante el último gobierno de facto.
Esa
circunstancia, entre tantas otras, lleva a reflexionar sobre el ejercicio
parcial que se hace en nuestro país sobre la memoria histórica, acentuado en la
última década, en la que, desde el poder, se elige recordar a la población
ciertos hechos y ocultar alevosamente otros.
Esa memoria
subjetiva, además, esconde una afirmación muy perversa, destinada a mostrar que
algunos muertos merecen ser recordados, merecen tener justicia, verdad y
reparación y que otros, simplemente, no.
Camilo
Gay, Hilda Cazaux de Gay, Daniel González y Jorge Ibarzábal no merecen ser
recordados en ese mismo cartel porque, según el Estado argentino, los muertos por
atentados terroristas no poseen los mismos derechos humanos que aquellos que
sufrieron abusos por parte del Estado. Por ello, la
interpretación maniquea vulnera un derecho tan importante para los países que
vivieron graves violaciones de sus derechos humanos, como es el de la memoria,
algo que incumbe directamente al Estado para que las violaciones no se repitan
y quede asegurado el conocimiento de los hechos que son patrimonio común del
pueblo.
Esta
conducta de cercenar selectivamente la memoria histórica se repite en todos los
museos de la memoria de nuestro país, donde no hay ninguna mención a las
víctimas de atentados terroristas en la década del 70.
En el Parque de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires, se eligió recordar también a combatientes de
organizaciones armadas que murieron atacando al Estado y a la sociedad, pero
sin permitir que las víctimas inocentes de aquéllos tuvieran su sitial donde
ser evocadas. También esa conducta se ha acentuado en el ámbito de la
educación, donde los alumnos de todos los niveles de enseñanza no son
instruidos para conocer la historia completa, con sus matices y su contexto,
sin cercenamientos, sin digitar el pensamiento sobre lo que alguien pueda
considerar correcto o no. De esta
manera, las enseñanzas que trasuntan del dolor colectivo padecido en los 70 se
desvirtúan, se cambian e impiden que la sociedad argentina conozca debidamente
los hechos y pueda aprender de ellos.
Nietzsche,
en su libro La genealogía de la moral, explica la relación que existe entre la
memoria y la violencia. En él llega a la conclusión de que, para neutralizar la
violencia, es necesaria la memoria, dado que la violencia es una espiral
creciente que se nutre del olvido para perpetuarse y así destruir a todos. Por
ello, la memoria es el freno que impide que se siga expandiendo. El olvido histórico es el gran aliado de la
violencia.
En momentos en que la
Argentina vive situaciones extraordinarias y de extrema gravedad institucional,
cabe preguntarse cuál será el legado de un gobierno que les niega a ciertas
víctimas el ejercicio de sus derechos, garantiza la impunidad de sus
victimarios y estigmatiza a las instituciones con carteles como el mencionado,
que sólo generan un recuerdo parcial, falaz del sufrimiento vivido por todo el
pueblo argentino en la década del 70.
¿Realmente se aprende del pasado cuando es relatado en forma
parcialmente acomodada o simplemente se lega a las nuevas generaciones la
violencia que no se quiso recordar?
NOTA:
Las imágenes y destacado no corresponden a la nota original.
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