Por UnoAmérica
Viernes, 01 de Junio de 2012
Senador Roger Pinto Molina
Editorial del diario ABC
La Asunción, 31 de mayo
En lo que constituye otra muestra de la sistemática
persecución a la que el presidente
boliviano Evo Morales somete a sus adversarios políticos, se conoció esta
semana la determinación del senador
opositor del país andino Roger Pinto de solicitar asilo político en la
Embajada de Brasil en La Paz, debido al insoportable hostigamiento que venía
sufriendo por parte de las autoridades a raíz de sus denuncias sobre la
implicación de ciertos funcionarios del Gobierno con el narcotráfico.
"Después de varios años de lucha intransigente
por la defensa de los derechos humanos, la plena vigencia del sistema
democrático y el respeto a disentir y pensar diferente, hoy me veo en la
difícil y dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la Embajada de la
República del Brasil",
señala una nota dada a conocer por el parlamentario boliviano a la opinión
pública.
De más está decir que en un régimen democrático resulta
inconcebible que no se respeten los fueros de un legislador cuando presenta
graves denuncias contra altos funcionarios del Gobierno. En cualquier país en
el que esté vigente el estado de derecho sería normal que las autoridades
investiguen dichas acusaciones, no que persigan a quien las formula, menos aún
hasta el extremo de que este se sienta en la obligación de solicitar asilo a
una nación extranjera.
A estas alturas de los acontecimientos, nadie puede mostrarse sorprendido por las políticas de corte dictatorial que continuamente impulsa el presidente Evo Morales desde que asumió el poder, hace ya seis años y medio. Según informaciones divulgadas recientemente por la agencia AFP, al menos una veintena de políticos, empresarios y legisladores siguieron la misma senda del senador Pinto, encontrándose actualmente refugiados en Argentina, España, Estados Unidos, Perú y Paraguay.
En nuestro país fue de público conocimiento el caso del
popular ex gobernador de Tarija Mario
Cossío, quien, ante el hostigamiento del oficialismo boliviano, se vio en
la necesidad de solicitar refugio en Paraguay con toda su familia, el cual le fue
concedido ante la abrumadora cantidad de pruebas que evidenciaban la
persecución a la que venía siendo sometido por negarse a secundar los planes
dictatoriales del presidente Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, a estas alturas produce indignación el
espeso y cómplice silencio de los gobiernos proclamados "democráticos" y "progresistas" de la región ante tantos atropellos de Evo contra sus opositores. Gracias a
esta connivencia con los oscuros planes totalitarios del mandatario boliviano
izquierdista, es que este se cree con el respaldo político de los países de la
región para profundizar aún más su ensañamiento con la oposición.
Es incomprensible que mientras los presidentes de la
región se pavonean suscribiendo protocolos con sendas "cláusulas" en las que se disponen
bloqueos políticos, económicos y comerciales para aquellos países que
supuestamente vulneren procesos democráticos o violenten derechos humanos,
nadie, ni siquiera representantes de partidos democráticos o parlamentarios de
otros países, levanten un dedo para señalar los violentos atropellos que los
opositores bolivianos están soportando por defender un principio fundamental de
toda democracia, cual es el de expresar libremente sus opiniones y ejercer las
funciones a las que fueron investidos por decisión popular.
En menos de un año, la región adoptó dos protocolos sobre
compromiso con la democracia, tanto en el ámbito de la Unasur como en el del Mercosur,
en los que mucho se habla de respetar los procesos políticos, pero resulta que,
finalmente, cuando en uno de los Estados miembros, desde la izquierda se
producen graves violaciones contra los derechos humanos de políticos
opositores, como es el caso de la
Bolivia de Evo Morales, todos guardan un silencio cómplice.
Esta nueva prueba viene a demostrar, por enésima vez, lo
que ABC Color viene sosteniendo de
manera invariable: que este tipo de protocolos tienen por único objetivo
blindar SOLO el poder presidencial en la región, sin ninguna consideración
hacia los demás órganos del Estado -los poderes Legislativo y Judicial- que
encarnan similar representatividad del pueblo soberano. Ellos fueron concebidos
única y exclusivamente para que los presidentes que gobiernan bajo la férula
del chavismo marxista bolivariano
puedan cometer arbitrariedades a troche y moche sin ningún tipo de sanción.
En el caso específico del senador Roger Pinto, es de esperar que el Gobierno brasileño actúe
con la sensibilidad del caso, respondiendo favorablemente y con sentido
humanitario a su pedido de auxilio.
Al mismo tiempo, más allá de otorgar una y otra vez asilo
político a los opositores de Evo Morales,
es de esperar que los partidos democráticos del continente, en el gobierno o
no, sus representantes y sus parlamentarios tengan la valentía de reclamarle al
Presidente boliviano que se
comprometa en los hechos, no solo en los dichos, a promover la democracia y
proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.
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