La suma del poder público implica conferirle al Poder Ejecutivo,
los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Significa
entonces que queda suprimida la división
de poderes republicanos, el gobierno adquiere las modalidades del absolutismo político.
Expresamente nuestra constitución
nacional lo prohíbe: Art. 29.- El
Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas
provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni
otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las
fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad
insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la
responsabilidad y pena de los infames
traidores a la patria.
En nuestra historia se registra
que en marzo de 1835, luego de un período en el que se suceden como gobernadores de Buenos Aires Balcarce, Viamonte y Manuel Vicente Maza, tras negarse en varias oportunidades, Juan Manuel de Rosas acepta el
nombramiento como gobernador de Buenos
Aires otorgado por la legislatura,
con la suma del poder público.
Inicia así su segundo mandato, que se prolongará durante 17 años.
Así a Rosas se le otorgaron los siguientes poderes:
"Art. 1º Queda nombrado gobernador y capitán general de la
Provincia por el término de cinco años,
el brigadier general Don Juan Manuel de
Rosas.
Art. 2° Se deposita toda la suma
del poder público de la Provincia en la persona del brigadier general Don Juan
Manuel de Rosas sin más restricciones que las siguientes:
Que deberá conservar, defender y proteger la Religión Católica
Apostólica Romana.
Que deberá sostener y defender la causa nacional de la Federación que
han proclamado todos los pueblos de la República.
El ejercicio de este poder extraordinario durará todo el tiempo que a
juicio del gobierno electo fuese necesario."
Hay que señalar que la práctica
de conceder las facultades extraordinarias y la suma del poder público existieron
también, en las demás provincias del país.
El mandato del tirano inicialmente debía durar 5 años,
pero su duración que se podía extender a su solo criterio, duró 17 años hasta
que el 3 de febrero de 1852 fue derrotado por el ejército del general Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. Ese mismo día Rosas renunció a la gobernación de Buenos
Aires y enseguida se embarcó rumbo a su exilio en Gran Bretaña.
En democracia ningún gobernante
debería aspirar a asumir la suma del poder público, la presidente es la titular
del poder ejecutivo, domina las decisiones del poder legislativo gracias a la
mayoría propia y la que le conceden sus aliados y ahora con la popular “democratización de la justicia” prácticamente
dominará también las decisiones del poder judicial, sus integrantes dependerán
del poder político. Sin querer queriendo el Congreso Nacional le ha servido en bandeja la suma del poder público, ni siquiera se lo han ofrecido… le basta
a ella solo servirse del mismo, está a su entera disposición.
Esta decisión gubernamental de
reformar el sistema jurídico y disponer un blanqueo de capitales –sin preguntar
sobre el origen de los mismos- nos colocará el tope del ranking de países
corruptos. Pensamos que la mayoría del pueblo argentino, no está conforme con
esas decisiones que nos hacen perder la categoría de república y nos somete a un
absolutismo político ejercido por la presidente y sus cómplices.
Esa situación solo será revertida
ante una elección adversa el poder de turno, se necesita una oposición unida y
capaz de impedir el sueño de Cristina
eterna de la diputada Diana Conti,
Carlos Zanini, Carlos Kunkel, La Cámpora,
Unidos y Organizados, Vatayon Militante, La Kolina, los piqueteros D’Elía
y Pérsico, Hebe Bonafini, los jueces
prevaricadores, los empresarios
amigos del poder, los traidores a la
Patria que anidan en el Congreso
Nacional y muchísimos cómplices a los cuales es imposible de mencionar dado su gran cantidad.
Confiamos en que los líderes de la oposición comprendan la tremenda
responsabilidad que les cayó sobre sus hombros, es hora de pensar en el bien
común de la república y dejar de lado los intereses personales y/o partidarios. Ustedes son nuestra única opción democrática, compórtense a la altura de las circunstancias.
Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y
para Siempre
Queridos amigos:
El viernes de
esta semana tuve la oportunidad de asistir en la Feria del Libro a la presentación efectuada por el periodista Mariano de Vedia de su
obra: “Francisco, el Papa del Pueblo”. Más allá de las cuestiones
religiosas y del rico anecdotario que refleja la humildad y sencillez del Cardenal porteño, que alcanzó la máxima
jerarquía en la Iglesia Católica, el
libro puede percibirse como una alabanza al ejercicio del poder en
beneficio del bien común, en manos de un hombre cuya vocación de
servicio al prójimo predomina como guía de su conducta.
El Papa Francisco surge así como
la corporización de la imagen de lo que en nuestro ensayo sobre “logopolítica” consideramos el paradigma
del dirigente, o sea, aquellos
que sienten que encontrarán el sentido de su existencia en la búsqueda del bien
común a través del ejercicio de su vocación. En
el caso de los políticos, esa búsqueda del bien común requiere del ejercicio
del poder dentro de las normas y reglas de juego consagradas en un
instrumento anterior a su mandato denominado “Constitución”, fuente
del contrato por el que los distintos sectores de la sociedad reconocerán y
respetarán al líder formal, que se obliga asimismo al compromiso indeclinable
de respetar sus derechos y procurar su bienestar.
¿Qué puntos de contacto tienen estas definiciones y visiones con gobiernos
como el que actualmente conduce a la Argentina, que hacen del poder un fin en
sí mismo y que líderes de la oposición y limitar
la posibilidad de competencia a las demás fuerzas políticas? ¿Qué lógica
progresista puede justificar la entronización de la inseguridad, la mentira
estadística o la corrupción concentrada? ¿Con qué excusa se puede violar una y
otra vez el principio de propiedad, amedrentar a los oponentes e intentar
transformar a la justicia en un mero instrumento de la voluntad
gubernamental?
No hay respuestas a estos interrogantes en la lógica de funcionamiento de
una república democrática. El gobierno que actúa de esta manera va
transformando la nación en un triste páramo en que resuenan los sones de
una única fiesta, la grotesca
fiesta de los dueños del poder.
El miércoles de esta semana se consumó en la Cámara de Senadores el asalto al Consejo de la Magistratura con la promulgación de la ley que obliga
a elegir sus miembros, abogados y jueces, a través de las listas de los
partidos políticos y modifica las mayorías especiales requeridas para enjuiciar
a los jueces. Para completar el agravio, la ley establece la limitación para
presentar candidatos en esas listas a partidos o alianzas que se presenten en
18 de los 24 distritos electorales, condición que podría alcanzar solo la
alianza oficialista. Semejante engendro fue aprobado apenas con un voto más del
mínimo requerido y con toda la oposición y los referentes judiciales en
contra de la medida. Ahora se avecina una batalla judicial, dura, desgastante e
innecesaria, para frenar esta ley por su evidente inconstitucionalidad, hecho
que el gobierno utilizará para poner en cuestión a la Corte Suprema y sumarle presión en los diversos casos en que su
sinrazón lleva a ese organismo a constituirse en la última barrera ante
el atropello sistemático a derechos e instituciones.
A la opinión pública le cuesta absorber la velocidad con que el
gobierno introduce en la agenda temas de tremenda gravedad y seriedad
institucional. Aun no acallados los ecos por la injustificable reforma judicial,
el gobierno lanzó un blanqueo de dólares no declarados que fue
defendido por un equipo gubernamental de cinco economistas
contradictorios e inconexos. Entretanto, apareció un proyecto de ley presentado
por diputados oficialistas nada menos que para expropiar el 24 por ciento de
las acciones de la empresa Papel Prensa que, sumadas a las acciones que ya
tiene el Estado, le permitirían controlar el suministro de papel para
diarios en la Argentina. Si todo esto abruma la mente del ciudadano medianamente
informado, acaba de sumarse la posibilidad de que el Estado, como socio
minoritario de la empresa Clarín, logre que la misma sea intervenida por 180
días por la Comisión Nacional de
Valores y simplemente pase a controlar a dicho grupo y sus medios de comunicación.
Por muy graves que parezcan estas iniciativas, la maquinaria legislativa
oficialista del Congreso
demora poco más de diez días para presentar una ley en Comisión,
aprobarla en una Cámara y a la semana siguiente repetir el procedimiento
en la otra obteniendo su promulgación, apoyada en una mayoría de
diputados y senadores que en su dramática resignación de valores pueden
defender un concepto una semana y el opuesto siete días después, si así le es
ordenado “desde arriba”.
La ley de blanqueo de dólares no declarados, pomposamente llamada de “exteriorización voluntaria de moneda
extranjera”, merece un párrafo en particular. Esta propuesta de
blanqueo no solo no contiene sanciones o impuestos para quien ha evadido, de
modo de no desalentar a quien ha cumplido rigurosamente con las cuantiosas
obligaciones que impone el Estado, sino que ni siquiera se preocupa de pedir
justificación del origen de los fondos, lo que la transforma en una potencial
encubridora para el lavado de capitales mal habidos. Presentada en momentos en
que arrecian las acusaciones de corrupción de empresarios próximos al gobierno y de miembros del mismo gobierno, que incluyen a la señora presidente y su difunto
esposo, es inevitable que este proyecto de ley genere suspicacias acerca de
que sea una velada forma de permitir introducir al circuito legal fondos
surgidos de operaciones delictivas. En cualquier caso, este recurso desesperado
hace evidente el agotamiento de las reservas y la presión devaluatoria que han
precipitado la inflación y los ingentes gastos para importar la energía que
nuestro país ha dejado de producir por la aplicación de malas políticas en esa
área.
Un abrazo para todos.
Twitter @NevesJuanCarlos
NOTA: Las imágenes y negritas no
corresponden a la nota original.
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