Queridos amigos:
A la hora de los enfrentamientos que definen la suerte
de la posesión del poder, los
protagonistas de cualquier conflicto suelen reducir el espectro de los participantes a la
condición binaria de amigo o enemigo, forzando la definición de los neutrales con
la visión de que “quién no está conmigo está contra mí”.
La señora presidente Cristina
Fernández ha provocado está situación a lo largo de todo su gobierno, generando antinomias aun en tiempos de calma y bonanza,
por lo que es natural que al llegar el momento de las elecciones que definirán
el futuro y la continuidad de su permanencia en el poder, esta actitud se
exacerbe hasta la obsesión. La exigencia de lealtades y la subordinación de todo interés político, social
o humano, al objetivo superior de la victoria en las urnas deviene inevitable hasta el punto de que los actos de
gobierno solo pueden ser adecuadamente interpretados, en este momento, si se los lee en lenguaje electoral.
Con esta clave puede entenderse
que la señora presidente haya formulado duros cuestionamientos a miembros de su
propia fuerza en un acto público realizado en Lomas de Zamora, reclamando ser
mejor defendida, acusando sin incluir nombres a dirigentes que no se hacen
cargo de los problemas o que “no ponen la cara” en su afán de quedar bien con los “medios
corporativos”. Todos los analistas coincidieron en que dichas críticas aludían
al gobernador Daniel Scioli, presente en el acto, mientras que otros incluyen
también al Intendente de Tigre, Sergio Massa.
El problema es que la tendencia presidencial a reducir la actividad
política en su fuerza a un acto privado en que se reserva la atribución de
designar a todos los pre candidatos según su exclusivo interés, deja al resto
de los dirigentes que la siguen reducidos a: permanecer en el ámbito del
“modelo” en actitud prescindente o rebelarse y conformar su propio espacio de
poder.
También tenemos que recurrir al
lenguaje electoral para interpretar que la señora presidente haya hecho
renunciar a Agustín Rossi, fidelísimo presidente del bloque de diputados del
Frente para la Victoria, a su banca y con ello a su cargo, para asumir como
Ministro de Defensa. Todo indica que Rossi era un obstáculo para la elección en
la Provincia de Santa Fe pues su presencia entorpecía la relación con
candidatos que tenían mejor intención de
voto. Por “efecto dominó”, el saliente
Ministro de Defensa fue reasignado como Ministro de Seguridad en lugar de la
señora Garré y esta fue nombrada como embajadora en la OEA. Lo que todas estas
designaciones tienen en común es la inoportunidad de su ejecución y la falta de
antecedentes y formación de los designados en las áreas en que deben cubrir sus
nuevos puestos. La cuestión de la idoneidad, mentada en nuestra Constitución
como condición para los cargos públicos, es simplemente despreciada por el
gobierno a la hora de distribuir funciones ya
que solo atiende a sus intereses políticos y a la subordinación absoluta de los nombrados.
En el tiempo, los resultados de esta tendencia que abarca a casi todas las
áreas de la administración nacional son obviamente calamitosos, como lo
evidencian la debacle de la economía, el fracaso de la política energética, el
descontrol de la seguridad y tantas otras cuestiones que preocupan a la
ciudadanía y la llevaron a expresarse críticamente en las calles de todo el
país.
El desbarranque de la economía va
aumentando sus proporciones y acelerando su caída. Esta semana, al igual que
las anteriores, continuaron disminuyendo las reservas internacionales que ya
perdieron más de 4700 millones de dólares en lo que va del año y se conocieron
cifras del aumento del empleo “en negro” y de desocupación. Al mismo tiempo
trascendieron las cifras del déficit financiero (balance entre ingresos y egresos
después del pago de la deuda) que en el mes de marzo superó los 3500 millones
de pesos a pesar de que entre el Banco Central, el PAMI y la ANSES
transfirieron al Tesoro más de 6300 millones de nuestra moneda. El gobierno
busca fondos de cualquier manera y con esa finalidad ha cerrado uno de los
capítulos más oscuros de nuestra historia económica al promulgar, con el número
de justo de diputados, una ley de blanqueo
que permite traer capitales al país sin averiguar origen ni dar a
publicidad a los beneficiados. Estos, no
solo serán eximidos de multas o castigos sino que ni siquiera pagarán los
impuestos que vienen apurando a los contribuyentes que tienen sus divisas
declaradas.
Tamaña transgresión, que fue
duramente criticada por la oposición en su conjunto, mezcla la inequidad
tributaria con la apertura de puertas
para el blanqueo de capitales mal habidos, incluyendo los que aparecen en las
denuncias de corrupción contra funcionarios y empresarios afines al gobierno.
Pero el tema de la corrupción ya comienza a escapar del control gubernamental para encarrilarse por el camino de los estrados judiciales. La torpe maniobra de cambiar el horario de los partidos de fútbol más importantes del domingo, para hacerlos coincidir con el programa periodístico que ha formulado las más impactantes denuncias, no solo incrementa las sospechas del deseo oficialista de ocultar los hechos sino que resultó ineficaz, ya que el público demostró en las mediciones de audiencia que está más ávido de justicia que de deporte. En el lapso de una semana, la justicia hizo saber que indagará a los señores Fariña y Elaskar que formularon y desmintieron denuncias contra el empresario Lázaro Báez y que indagará al ya citado Báez en una causa por el delito de extorsión. También se supo que el fiscal Federico Delgado hizo lugar al pedido de investigación presentado por el diputado Alfonso Prat-Gay contra varios funcionarios, entre los que se cuenta la señora presidente y el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, por la adulteración de las cifras del INDEC.
Esta denuncia no es una cuestión
menor por dos razones. Primero, porque llega a la mismísima presidente que
hasta hace poco tiempo era jurídica y aun mediáticamente intocable. Segundo,
porque Prat-Gay, que es un calificado
economista, ha fundamentado en un escrito de 77 folios el hecho de que la subvaluación
del índice de inflación generó una sobrevaloración del Producto Bruto Interno,
que a su vez significó un aumento calculado en 1000 millones de dólares en el
pago de los intereses de los bonos que se calculan con el crecimiento de dicho
PBI. Por estas razones, la subvaluación del índice de inflación ha dejado de
ser una picardía política para encuadrarse en las figuras de asociación
ilícita, malversación de caudales, falsificación de documento público y otros delitos de suma gravedad. Lo
destacable es que estas denuncias son atendidas por la justicia aun cuando las
actuales autoridades detentan el poder y no después de finalizado su mandato,
lo que nos da esperanzas de la aparición de ráfagas de justicia independiente.
Esa misma esperanza se alimenta
con la actitud de dos jueces federales que fallaron en contra de la elección
por el voto popular del Consejo de la
Magistratura, piedra angular de la nefasta reforma judicial recientemente
aprobada, y de la Cámara Federal que reabrió la causa contra la Procuradora
General Alejandra Gils Carbó por el supuesto nombramiento irregular de
fiscales, que había sido desestimada por el juez Sebastián Casanello. Todo esto
parece indicar que la política del miedo que parecía haber paralizado a la
justicia va dejando lugar a la reacción judicial cuando la república ya estaba
al borde del colapso institucional.
El gobierno reacciona fuerte y
mal contra la adversidad económica y jurídica que parece minar sus
posibilidades electorales. En una movida aparentemente inspirada por el deseo de infundir más temor
y movilizar a su propia tropa, lanzó a la acción a militantes que munidos de
pecheras identificatorias comenzaron el
control de precios en los comercios. Estos precios surgen de curiosas listas
que son diferentes para cada supermercado y que incluyen un pequeño número de
productos condenados a una rápida desaparición de las góndolas, dada su
evidente disparidad con los precios regulares.
Puede ser que esta inapropiada medida pueda amedrentar a los
comerciantes, pero en el seno de la sociedad trae a la memoria colectiva las
sombras de persecuciones y amenazas
propias de gobiernos sin vocación democrática. Un mal negocio desde todo punto
de vista.
Dentro de apenas diez días se
cumple la fecha para presentar en la justicia electoral las Alianzas
Transitorias que ya no se podrán modificar para las elecciones primarias de Agosto y las
generales de Octubre. Ante esta realidad, la suma de contratiempos y signos de
debilidad del oficialismo se compensan de alguna manera, en el corto
plazo, con la posibilidad que brinda el
autoritarismo de conformar listas unificadas sin mayor discusión. Esto debilita
los apoyos auténticos pero es una ventaja ante la maraña de dificultades
burocráticas que significa disputar los cargos legislativos en las primarias por parte de la oposición.
Por su parte, al menos en la provincia de Buenos Aires que tiene
sub-representación en términos de diputados nacionales y concejales en los
municipios, la limitación en la cantidad de cargos entorpece la posibilidad de
alcanzar consensos y ello conduce al deliberado fraccionamiento opositor. En
compensación, se pueden establecer compromisos en términos programáticos en
temas como la decisión de no apoyar una reforma constitucional, defender la
libertad de expresión y la independencia de la justicia.
En la Unión de Partidos de Centro que integra Nueva Unión Ciudadana hemos logrado con gran generosidad conformar listas unificadas y estamos tratando de integrarnos con otras fuerzas mayores. El tema es arduo y el tiempo escaso pero al menos estamos firmes y claros en los principios a defender y los compromisos a asumir.
Sabemos que cada acto del
gobierno, a partir de ahora, debe interpretarse en lenguaje electoral y que
tratará con todo su poder, su pragmatismo y su desprecio por la ética y las normas republicanas de sacar rivales de
en medio y obtener todas las ventajas
posibles. Afortunadamente, la torpeza del oficialismo y su evidente fracaso en
las políticas públicas implementadas son más fuertes que cualquier artilugio
electoral y allí debemos estar, nosotros, los ciudadanos, para defender sin
temor nuestros principios y nuestros votos.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente de
Nueva Unión Ciudadana
www.nuevaunionciudadana.org
Twitter @NevesJuanCarlos
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