Editorial I
El ministro de
Defensa y el jefe del Ejército deberían renunciar debido a los reiterados e
insólitos robos de materiales bélicos en unidades de esa fuerza
No transcurrió un mes
desde que la sociedad, azorada, se enteró del robo de un misil en una guarnición militar, cuando tuvo que
asimilar otro inconcebible robo en otra
unidad del Ejército: 19.600 balas calibres 9 y 32 milímetros del Batallón 603
San Lorenzo, en la localidad santafecina de Fray Luis Beltrán, a unos 15
kilómetros de Rosario. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad
que padecemos todos los días, las armas más utilizadas por los delincuentes son
las de calibre 9 mm.
A esta altura, dada
la inusitada frecuencia con la cual se producen estos robos y los sitios en los
que se verifican -cuarteles militares con guardias internas y externas y
rigurosos inventarios, además de inspecciones frecuentes-, no cabe pensar en
una serie de casualidades. Por el contrario, hay que sospechar con sobrados
fundamentos que estamos ante un plan sistemático de sustracción de armamento de
guerra que, como veremos, se remonta a varios años y que de ninguna manera puede llevarse a cabo sin la complicidad de muy altos
oficiales del Ejército.
Llamativamente, no es
la primera vez que se registra un importante faltante de armas y municiones en
el Batallón 603. Como consignó LA NACION, en
febrero de 2011 el Ejército denunció que en ese cuartel faltaban 154 FAL,
además de piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG calibre
7,62 mm, piezas de cinco ametralladoras calibre 12,7 mm y una pistola 9
milímetros. A raíz del descubrimiento, el entonces ministro de Defensa, Arturo
Puricelli, dispuso el pase a disponibilidad del general que comandaba los
batallones de Arsenales. Cuando comenzaba la investigación, se suicidó un
sargento ayudante del batallón.
El ex jefe de
Gabinete Juan Manuel Abal Medina informó a
mediados de 2012 que de los batallones de arsenales 601 y 603 se había
sustraído entre 2010 y 2012 la cantidad de 274 correderas, 282 cerrojos, 288
armazones, 512 cajones de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.
Puede
advertirse que no nos hallamos ante meros hechos aislados, sino ante una
poderosa organización que actúa en el Ejército desde hace años
y que, como demuestran los hechos, en nada se ve afectada por los periódicos
cambios de mandos en la fuerza ni por los pases a retiro o a disponibilidad de
los directores de arsenales. Por eso es que las dos medidas adoptadas por el
ministro de Defensa, Agustín Rossi, tras conocerse el nuevo robo no son las
adecuadas. El pase a retiro del responsable de los arsenales es una medida
cosmética que ha probado su inutilidad en los casos anteriores; equivale a
cortar el hilo por lo más delgado. La otra medida dispuesta por el ministro de
Defensa, el cierre del Batallón 603,
además de contraproducente, puede ser considerada como una estrategia para
encubrir los robos y, una vez lograda la impunidad, permitir la continuidad de
estos hechos. Se trata de una estrategia que recuerda otras decisiones
tendientes a encubrir casos de corrupción y ocultar pruebas, tales como la
expropiación de la ex calcográfica Ciccone o la disolución de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).
Una genuina
investigación requiere que no se modifique el lugar de los hechos ni se
trasladen los libros de guardias y los registros de los stocks, algo que
seguramente sucederá si se procede al cierre de la unidad. ¿Acaso el ministro Rossi piensa combatir la delincuencia en el Ejército
cerrando cada unidad en la que se verifiquen delitos? ¿No es más lógico
combatir los delitos sin desquitarse con los cuarteles? ¿O se trata de una
confesión de impotencia? En verdad, lo
que corresponde ante la gravedad de estos hechos es que el ministro Rossi y el
titular del Estado Mayor del Ejército, teniente general César Milani, presenten
sus renuncias, pues ambos han fracasado y representan la decadencia de nuestras
fuerzas de defensa, como lo prueba, además, el reciente uso de una unidad del
Ejército por parte de militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora.
La constante
sustracción de armamento pagado por todos los argentinos y destinado a su
defensa tiene una larga y desgraciada tradición en el país. Recordemos que
entre 1991 y 1995 se concretó un voluminoso contrabando de armamento del
Ejército hacia Croacia y luego a Ecuador, al amparo de decretos secretos
firmados por Carlos Menem. Por esas ventas ilegales fueron condenados el ex
presidente y otros ex funcionarios, quienes apelaron sus condenas ante la Corte
Suprema de Justicia. Algunos de los oficiales del Ejército que revistaban en
Fabricaciones Militares y fueron condenados por el contrabando también han
recibido, en diciembre del año pasado, condenas por la voladura de la Fábrica
Militar de Río Tercero.
Pero lo más
preocupante del robo de armamento, además de la incapacidad o falta de voluntad
de las autoridades nacionales para combatirlo, es que el destino de ese
material es el delito violento, pues tanto en el caso de que sea contrabandeado
al exterior o vendido en el mercado negro interno, esas armas y municiones terminan en manos de bandas de delincuentes o
de narcotraficantes y contribuyen al incremento incesante de la violencia
delictiva, con su secuela de muertos y heridos.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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