Días pasados asistí a
los alegatos en el juicio político que se sustancia contra el miembro de la
Cámara Federal de Bahía Blanca doctor Néstor Montezanti, quien ha sido
suspendido hace varios meses de sus funciones. Cabe recordar que se trata de
una de las acciones llevadas a cabo a instancias de la ex presidenta Kirchner a
través de Justicia Legítima. De resultas de la maniobra, se le tendió una
suerte de cerco protector a Lázaro Báez, imputado en una causa por facturas
apócrifas por la que había sido procesado Juan Suris, ese sórdido personaje,
acusado de narcotráfico y que tanto dio que hablar por su vinculación con una
conocida vedette. Así las cosas, se removió al juez subrogante que investigó la
causa y luego fue apartado uno de los miembros de la alzada, que habían
confirmado lo actuado. El nombrado es uno de ellos. La acusación se sustenta en
cargos falsos, que datan de varias décadas y que surgen de causas perimidas o
en las que el acusado fue sobreseído. Se mezclan temas judiciales con otros de
índoles política, universitaria y sindical. De modo que confluyen viejas
revanchas, prejuicios ideológicos y, por supuesto, una vergonzosa persecución
contra un juez probo, decente y que se les animó al narcotráfico y a los "amigos del poder". El miembro
del Consejo de la Magistratura que oficia de acusador es el representante de
los abogados del interior, quien actúa con una saña que lo transforma en
inquisidor. Para peor, se apoya en argumentos que de triunfar se erigirían en
peligrosísimos precedentes. Así, sostiene que en un juicio político no se
aplican los principios del debido proceso, dado su carácter "político"; por lo tanto, no
importan la cosa juzgada, la perención de la instancia, el sobreseimiento ni
tampoco la revisión de hechos que ya fueron aprobados por el Senado cuando, en
2003, prestó acuerdo unánime para el nombramiento de Montezanti. Asimismo, se
sostiene que la pertenencia del magistrado durante un breve lapso al Servicio
de Inteligencia del Ejército al final de la última dictadura, junto con su
supuesta relación con personas ligadas a ella, debe seguir la misma suerte que
los delitos de lesa humanidad o por lo menos estaría lesionando el más mínimo
decoro que debe observar un juez.
De prosperar la
destitución, se concretaría una situación más que inquietante. Se condenaría a
quien lucha con coraje contra el delito, mientras que quienes son funcionales
al poder, que deshonran a la Justicia, gozan de buena salud. Para muestra
bastan los nombres de Oyarbide, Canicoba Corral y Rafecas.
Daniel Sabsay
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